El juez Gómez de Liaño cita a declarar a cuatro consejeros de Sogecable

El juez Javier Gómez de Liaño citó ayer a declarar como imputados a cuatro consejeros de Sogecable -empresa propietaria de Canal + - para esta semana y la próxima. El juez anticipa que en fechas sucesivas serán llamados en calidad de imputados los restantes miembros del Consejo de Administración de Sogecable, así como José Antonio Rodríguez Gil, socio auditor de cuentas de Arthur Andersen, y Carlos Abad, director general de Canal +.

El primero de los citados es Ramón Mendoza, quien ha sido convocado para el jueves. El sábado ha sido citado Carlos March. El próximo lunes deberá comparecer Vicente Eulate, y el miércoles, Antonio López.El magistrado ha decidido que a las declaraciones puedan asistir todas las partes personadas en estas diligencias, para, según dice, "posibilitar la contradicción". Este argumento, con ser legal, es nuevo en los asuntos declarados secretos por Gómez de Liaño, ya que no lo ha puesto en práctica en casos como el de Lasa y Zabala.

La presencia de todas las partes en las declaraciones puede tener otra utilidad: que alguna de ellas solicite la prisión u otras medidas cautelares contra los querellados, en vista de que el fiscal Ignacio Gordillo -único que podría estar presente en caso de que las declaraciones se realizasen bajo expreso secreto- ha recibido instrucciones del fiscal general del Estado de consultarle cualquier petición que pretenda realizar. De hecho, el ex abogado Javier Sainz Moreno, personado como acción popular, ya ha anunciado que solicitará prisión para los principales directivos de Sogecable.

Las citaciones se conocieron el mismo día en que Gerardo Ortega, presidente del Consejo de Economistas de Madrid y autor de un informe sobre supuestas irregularidades contables de Sogecable, ratificó ante Gómez de Liaño el contenido del citado infórme, según fuentes de la Audiencia Nacional. Ese informe ese documento. El contenido del fue publicado en la revista Época dictamen fue usado por Jaime (en su número del tres de marzo), que a su vez explicaba que "el Gobierno tiene en su poder" ese documento. El contenido del dictamen fue usado por Jaime Capmany, director de Época, para presentar la denuncia origen de las diligencias.

Gerardo Ortega -que negó toda información a los periodistas tras salir de la Audiencia Nacional- es el decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid desde 1991. Empresario con experiencia en el sector de la auditoría de cuentas y la informática, su vinculación con el también economista, empresario y colaborador de la cadena COPE, Ramón Tamames, es bien conocida, si bien Ortega negó que sean socios.

Ambos han colaborado en distintos trabajos y estudios por encargo. Uno de los más recientes fue el que desempeñaron para los colegios de farmacéuticos para dar soporte teórico a la oposición de los empresarios de farmacia a la liberalización del sector. Gerardo Ortega y Ramón Tamames firmaron el año pasado conjuntamente artículos en diversos medios de comunicación -entre ellos en este periódico- exponiendo sus argumentos contra la liberalización del sector farmacéutico que en España, afirmaban, "funciona razonablemente bien".

Al igual que los farmacéuticos, conocidos personajes de la vida económica han solicitado estudios e informes a expertos como Tamames o Gerardo Ortega. Tamames, por ejemplo, ha trabajado en estudios e informes favorables a las tesis del ex presidente de Banesto, Mario Conde -a través del abogado Rafael Pérez Escolar- o favorables a las tesis de otro controvertido financiero como es Javier de la Rosa.