Un nuevo escándalo de abusos a menores en centros de acogida conmociona al Reino Unido

Un alto cargo de los servicios sociales ingleses fue condenado el viernes a 18 años de prisión por abusos deshonestos contra menores a su cuidado cometidos a lo largo de 20 años. La condena contra Keith Laverack, un distinguido profesor de 52 años, corona una operación policial iniciada hace tres años que se ha saldado con trece condenas a otros tantos miembros de los servicios sociales de Inglaterra. Catorce diferentes cuerpos policiales han intervenido en una operación que ha destapado más de 500 denuncias de antiguos internos contra 111 encargados de su cuidado.

La sociedad británica se desayuno ayer con este nuevo escándalo de abusos a menores a gran escala perpetrado no por delincuentes despreciables sino por repetables miembros dé los servicios sociales que dependen de los ayuntamientos o del Ministerio de Sanidad.La investigación policial -desvelada una vez que el Tribunal de Chester puso entre rejas a Keith Laverack- es de una magnitud pocas veces vista en, este país y abarca la actuación de personal masculino en los servicios de atención a menores desde mediados de los años sesenta hasta 1991.

El escándalo no es nuevo en un país sensible a los casos de pederastas. Hace unos pocos meses el Ministerio de Sanidad hubo de ordenar una investigación sobre los abusos sexuales en casas de acogida a menores en Gales. Ayer, la diputada conservadora Teresa Gorman reclamó públicamente que se impida a los hombres trabajar en los servicios sociales ligados a menores.

El caso de Laverack, un exquisito personaje que escaló a lo más alto en el departamento de servicios sociales del condado de Cambridgeshire, donde trabajaba hasta poco antes de su detención en 1995, es aterrador. Bajo su apariencia de gentleman, se escondía un pederasta ávido de experiencias con menores. Laverack dejó un rastro de abusos en todos los centros por los que pasó, empezando por Greystone Heath, un colegio para delincuentes infantiles en Cheshire donde se rodeó de un grupo de favoritos a los que invitaba al cine, a jugar al golf e, incluso, a compartir su habitación algunas noches. En otros dos centros especiales de Cambridgeshire, Laverack, cuya homosexualidad era un secreto a voces desde su breve paso por la universidad de Cambrigde, llegó a despertar las sospechas de algún colega.

Laverack era el "tipo de ojos azules" en quien todo el mundo confiaba, según uno de sus colaboradores. Un alumno que le acusó de abusos sexuales fue castigado delante de toda la clase. Rosanne McConkey, que trabajó con Laverack a mediados de los setenta justificó así su impunidad: "Keith era el jefe y cualquiera que se hubiera atrevido a acusarle habría terminado en la calle.

Atroces irregularidades

La "operación Granito", que culminó con la detención de Laverack en 1995, se inició en 1993, con dos denuncias contra un centro de acogida de Warrington, y otro de Cheshire. Los agentes de policía encargados de la operación comprobaron que el hilo de las denuncias era, tan sólo la punta de una madeja de atroces irregularidades.

Sucesivas entrevistas con más de 5.000, ex internos substanciaron sólo en Cheshire 500 cargos de abusos deshonestos contra 111 trabajadores. Lo que había comenzado como una encuesta sobre un par de casos aislados se convirtió en una amplia investigación sobre abusos sexuales a lo largo de 30 años.

Doce acusados han pasado ya por los tribunales, que han condenado a penas de entre 4 y 10 años de cárcel a once de ellos. Keith Laverack era el decimotercer acusado y su condena -18 años de prisión- decidió a los magistrados a revelar el contenido completo de la investigación. Ayer, el abogado de una de las víctimas de Laverack, Peter Garsden, anunció su intención de reclamar al ministro de Sanidad, Stephen Dorrell, una investigación similar a la que se desarrolla sobre los centros del Principado de Gales. "Lo que queremos saber es cómo se permitió que pasaran cosas así a semejante escala", dijo.

Un portavoz de los servicios sociales de Cambridgshire se defendió de las acusaciones señalando que el funcionamiento de los centros de menores ha cambiado radicalmente en los últimos 25 años.