Tropiezo en el Peñón

EL MOMENTO elegido por el ministro español de Asuntos Exteriores para plantear una generosa fórmula de futuro sobre Gibraltar no podía haber sido peor escogido. Resultaba evidente que en vísperas electorales y con John Major con el agua al cuello, el Gobierno conservador británico no iba a ceder un ápice, ni siquiera para entrar a considerar el tema de la soberanía, siempre paralizado a pesar de formar parte integral del proceso abierto con el acuerdo de Bruselas de 1984.En su reciente encuentro con su homólogo británico, Malcom Rifkind, Abel Matutes le hizo partícipe de una idea que ya se aireó en 1979 con la UCD y en los primeros tiempos del Gobierno socialista: plantear la reversión a la soberanía española de Gibraltar en un plazo largo -50 años o más- y entretanto avanzar hacia una administración compartida, tanto en la gestión como en los gastos. La oferta parece generosa, y no resultaría financieramente gratuita a España. Probablemente cualquier solución a este contencioso termine pasando por un arreglo de este tipo. Pero plantearla justo ahora no sólo no sirve para nada, ni siquiera para abrir un debate sobre esta espinosa cuestión, sino que puede ser contraproducente. Especialmente cuando los ánimos de los gibraltareños y de sus valedores en Londres son otros y el lobby gibraltareño tiene destacados representantes entre los conservadores británicos, y en particular entre sus euroescépticos. Major no se ha recatado al rechazar abiertamente un plan que Matutes le había susurrado sólo a la oreja de Rifkind, dejando así a España en posición desairada.

Más hubiera valido aguardar a que se hubieran celebrado las elecciones británicas previstas para mayo. No hay que esperar demasiado de un posible Gobierno laborista, pero sí algo más. El debate abierto puede causar, además, interferencias en la negociación de algunos problemas que se plantean a, España en su plena incorporación a una nueva estructura de mandos en la OTAN de la que Madrid quisiera que desapareciera el mando atlántico de bajo rango en el Peñón, para lo que Londres pide unas compensaciones inaceptables.

El cinismo británico en esta materia es harto conocido. Londres, que dice poner por delante la voluntad de los gibraltareños, siempre los ha tratado como ciudadanos de segunda. El cinismo crece al comparar esta postura con la falta de reparos con que Londres entregará en cinco meses a la suerte de la dictadura china a los seis millones de habitantes de Hong Kong.

De momento más vale avanzar en temas concretos que permitan desmontar las actividades ilegales -narcotráfico, contrabando y blanqueo de dinero- que se realizan desde el Peñón y que sólo recientemente ha comenzado Londres a reconocer como problema. Y frenar todo paso -desde un DNI propio hasta mayores autonomías en materia financiera o legislativa- que desde Gibraltar se pretende dar para forjarse una identidad y unos medios con los que aspirar a una independencia -prohibida por el Tratado de Utrecht de 1713- en la Unión Europea.