La familia de Carmelo Soria denuncia a Chile ante la OEA

, La familia del asesinado ciudadano español y funcionario de la ONU Carmelo Soria envió ayer por correo a la comisión interamericana de derechos humanos de la Organización de Estados Americanas (OEA), con sede en Washington, una denuncia contra el Estado chileno por denegación de justicia, debido a la decisión de la Corte Suprema, en agosto de 1996, de amnistiar a los responsables del crimen, informó el abogado querellante, Alfonso Insunza.

La sentencia de amnistía del tribunal superior, a pesar de que acreditó que Soria fue asesinado en 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina, el aparato represivo de la dictadura), dejó sin sanción a los responsables y "se infringieron tratados internacionales de los que Chile es parte", entre ellos la convención que sanciona los crímenes contra las personas internacionalmente protegidas, dijo el abogado. "No se respetó el derecho a la justicia y a castigar los delitos cometidos por agentes del Estado", afirmó.

El procedimiento de la comisión interamericana de derechos humanos establece un plazo de hasta seis meses después de la sentencia de la Corte Suprema para que el Gobierno chileno informe de ésta. A ella puede apelar cualquier persona.

"La actitud de los tribunales de justicia chilenos violó abiertamente los tratados internacionales que protegen a diplomáticos y funcionarios internacionales", sostuvo ayer en un comunicado la hija del español Carmen Soria. Agrega que, según la familia Soria, "existen evidentes responsabilidades administrativas, políticas y jerárquicas de la dictadura del general Pinochet. "[En Chile] hicimos todo cuanto pudimos realizar", concluye su texto la hija de Soria.

Soria, que era funcionario intemacional de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue secuestrado en julio de 1976 por agentes de la Dina y asesinado en una sesión de torturas en el domicilio de uno de ellos. En diciembre pasado, la familia Soria rechazó una oferta del Gobierno chileno de crear una fundación en recuerdo de la víctima, con un millón de dólares de capital, y erigir un monumento en su memoria.