Interior creará un grupo para escoltar a testigos protegidos

El Ministerio del Interior destinará a 50 policías a un nuevo grupo especializado en la escolta de testigos, tras la agresión y violación sufrida el pasado día 8 por un testigo protegido del caso Lasa-Zabala en San Fernando (Cádiz). Este grupo estará integrado en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.El ex guardia civil José María Velázquez Soriano, otro testigo protegido en el caso Lasa-Zabala, relacionó ayer presuntamente al teniente de la Guardia Civil Lorenzo Bárez con la guerra sucia contra ETA, aunque sin atribuirle ninguna acción concreta, según fuentes jurídicas. Velázquez mantuvo un careo con Bárez, al que dijo conocer desde que éste era cabo primero en el cuartel donostiarra de Intxaurrondo.

Bárez se limitó a ratificar sus anteriores declaraciones en las que negó su implicación en el secuestro y posterior asesinato de los supuestos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. José María Fuster Fabra abogado del oficial, anunció a los periodistas que pronto va a quedar demostrado que su defendido "no tiene nada que ver con las causas que se están investigando en la Audiencia Nacional". Bárez debe presentarse diariamente en el juzgado por orden del juez Javier Gómez de Liaño, quien le imputa presunta inducción en el secuestro, torturas y violación sufridos por el testigo protegido 1964/S.ProtecciónAl finalizar la diligencia, Velázquez solicitó al juez que redoble su protección, ya que teme sufrir agresiones. Aprovechó su comparecencia para denunciar ante el magistrado que un guardia civil llamado Francisco, adscrito a los servicios de Información, le había amenazado y coaccionado a través de unas declaraciones realizadas ayer a la Cope. Este ex agente ya denunció la semana pasada haber hallado en su buzón un cartucho de 9 milímetros parabellum.

Gómez de Liaño también tomó declaración a un comandante del Cesid destinado en Guatemala, al que el testigo protegido 1964/S ha señalado como la persona que requirió sus servicios para que investigara y sonsacara información al teniente Bárez, actualmente encargado de la seguridad de la Embajada de España en ese país.

El comandante del servicio de espionaje negó la versión del testigo, así como que éste le entregase dos cintas magnetofónicas en las que están grabadas conversaciones con el teniente Bárez. Ante estas contradicciones, el magistrado someterá previsiblemente al testigo y al comandante a un careo, después de que reciba unos documentos.

El Ministerio de Justicia ha aceptado la petición del juez para que se le conceda al testigo protegido 1964/S una subveción de 400.000 pesetas para los gastos de traslado de domicilio desde San Fernando (Cádiz) a Madrid, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. Interior le ha dado una nueva identidad y le ha renovado la licencia de armas bajo otro nombre.