El fiscal pide que se juzgue al Ayuntamiento por alojar a 56 familias chabolistas cerca de una granja sin licencia

La Fiscalía de Medio Ambiente pidió ayer en un juicio que se actúe por presunta negligencia contra el Ayuntamiento de Madrid por haber obligado hace dos años a 56 familias gitanas a realojarse en La Cañada Real (dos filas de casetas de madera), cerca del vertedero de Valdemingómez y de una granja porcina con 3.000 cerdos. Esta granja, denominada Las Lomas, carecía de la preceptiva licencia de actividad y está a menos de 50 metros del poblado, levantado el 9 de mayo de 1994 para realojar a 56 familias gitanas que habían sido expulsadas del camino de los Toros (en San Blas).El enjuiciamiento del Ayuntamiento fue sugerido por el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, al juez Carlos Veitez, durante un juicio por presunto delito ecológico contra Francisco Huarte, propietario de la granja.

El fiscal pidió ayer dos años de cárcel y cinco millones de multa para el dueño de la granja por delito ecológico. Le imputa el depósito de las deyecciones líquidas y sólidas de los animales en un balsa sin vallar (al alcance de los niños del poblado, dijo), así como irregularidades en el enterramiento de animales muertos.

El juicio, en el que intervino en calidad de acción popular la Asociación Nacional Presencia itana, se centró en si la actividad de la granja -que funcionó desde 1957 hasta el verano pasado con permiso de explotación, pero sin licencia de actividad constituye un delito ecológico.

El acusador público sostuvo que sí, dada la condición de licenciado en farmacia del dueño, quien, en opinión del fiscal, debería haber advertido los riesgos que su actividad comportaba para la salud de los chabolistas. Paralelamente, el fiscal pidió que se iniciaran acciones legales contra el municipio por permitir la actividad de esta granja y colocar al lado a 56 familias y sus hijos.

El fiscal señala en su informe: "La granja produce un volumen elevadísimo de deyecciones sólidas y líquidas, que son vertidas directamente, a través de conductos abiertos y vistos, sobre el terreno adyacente al poblado". Y agrega: "Los animales muertos en la explotación son alojados en nichos en el interior de la granja, o en zanjas abiertas al exterior, lo que vulnera la legislación sanitaria".

En el juicio intervino como testigo Manuel Martín, presidente de Presencia Gitana. Éste describió las condiciones de insalubridad en que viven los moradores de la Cañada Real. "Desde que llegaron las familias gitanas a la Cañada han nacido 20 niños, que padecen problemas de piel por la basura y los malos olores", dijo.