Trillo cree que el magistrado no pedía la ruptura del secreto

El presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, compareció ayer tras la reunión de la Mesa del Congreso para mostrar su satisfacción por la unanimidad con que el órgano que preside había tomado el acuerdo en respuesta a la petición del juez Javier Gómez de Liaño. Para Trillo, que dijo sentirse "perfectamente reflejado en ese acuerdo", "no se puede discutir" que los diputados "tienen el deber legal de guardar secreto", para añadir a continuación que "no es el caso ni es lo que pide el juez".De ese modo, Trillo evidenciaba que el Congreso se ha limitado a responder a Gómez de Liaño sobre la necesidad o no de autorizaciones previas para que los diputados comparezcan como testigos. El presidente del Congreso explicó que respecto al fondo del problema, "la Mesa no puede imponer restricciones porque no conoce ni los secretos ni los documentos", y se detuvo en insistir sobre el recordatorio del acuerdo, en el sentido de que "el secreto nunca puede amparar acciones delictivas". "Esto es una evidencia recordada recientemente por el Tribunal Supremo en un auto que yo mismo impulsé", añadió. Se refería Trillo al recurso que formuló mientras era diputado de la oposición sobre la posible desclasificación de los papeles del Cesid.

Aunque el presidente no quiso en ningún momento entrar en la segunda fase del problema, es decir, en el deber de silencio de los diputados, recordó que la Mesa no puede levantar el secreto en ningún caso, porque respecto de documentos clasificados "la competencia exclusiva es del Consejo de Ministros".Satisfacción de los grupos

La práctica totalidad de los portavoces de los grupos parlamentarios se felicitaron por el acuerdo de la Mesa. Luis de Grandes (PP) se congratuló de que la decisión coincidiese con lo que él manifestó hace algunos días en el sentido de que "si un diputado ha tenido acceso o conocimiento de un delito, no tiene que pedir permiso a nadie" para ponerlo en conocimiento del juez. De Grandes ratificó la idea de que, si el juez llama a algún diputado, se entrará "en el fondo de la cuestión", aunque "a título personal" dijo que se ratificaba en que existe "el deber de guardar secreto sobre aquello que se conoce de forma privilegiada".

El secretario general del grupo socialista, Jesús Caldera, precisó que la decisión de la Mesa da confianza a los diputados porque en el informe jurídico en el que se apoya se defiende la necesidad de mantener el secreto y se reafirma en la imposibilidad de que la Mesa pueda levantar el deber de secreto a ningún parlamentario.