Un juez condena con penas de cárcel a quienes abandonaron bidones con sustancias cancerígenas

Los tres gestores de las empresas Mangesa y Madrivel, SA, que abandonaron en 1995 en una finca de San Martín de la Vega (8.650 habitantes) bidones y transformadores con aceites contaminados, han sido condenados a una multa de 16 millones de pesetas y a penas de cárcel entre un año y seis meses. La Consejería de Medio Ambiente considera que se "trata de la mayor sanción que por un delito ecológico se ha impuesto en Madrid". Los jueces consideran que los condenados cometieron "un delito contra el medio ambiente" y les han clausurado temporalmente las empresas.

Según la sentencia del 1 de julio pasado del Juzgado número 12 de Madrid, los condenados "depositaron y abandonaron" 27 bidones con aceite procedente de transformadores eléctricos, 3 condensadores y 52 transformadores con un contenido en policlorobifenilo (PCB), que resultó vertido en el suelo, "Poniendo en grave peligro la salud humana por causar los PCB trastornos hepáticos y manifestaciones neurológicas" de carácter cancerígeno. Los jueces consideran que "los PCB presentan riesgos reconocidos como perjudiciales para la salud y el medio ambiente, que son más importantes en los objetos y aparatos fuera de uso". En el fallo se condena a los gestores de Mangesa y Madrivel, SA, por "un delito contra el medio ambiente". A Manuel G. M. -titular de Mangesa se le condena a un año de pri sión menor y multa de 5.500.000 pesetas o 20 días de arresto sustitutorio en el caso de impago; a Jesús M. G. y a Juan P.G. -titulares de Madrivel, SA-, a seis meses y un día de prisión y multa de 5.500.000 o 20 días de arresto en caso de impago.Sentencia firmeLos magistrados les obligan además a indemnizar a la Comunidad por los gastos ocasionados por el traslado de los bidones hasta un depósito de seguridad. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente tasaron estos gastos en más de cinco millones de pesetas. La sentencia es firme, ya que ninguna de las partes la recurrirá.

Medio Ambiente aseguró ayer que los bidones y transformadores fueron trasladados al depósito de seguridad de San Fernando de Henares (28.900 habitantes) tras ser descubiertos por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y los técnicos de Medio Ambiente. La Comunidad afirmó ayer que los bidones serán trasladados en breve "al extranjero" para su destrucción.

Estas sustancias tóxicas fueron descubiertas en enero de 1995 por la Comunidad. Medio Ambiente pidió entonces al Ayuntamiento de San Martín de la Vega información sobre la entidad Mangesa, domiciliada en este municipio. El Ayuntamiento señaló que tenía licencia como "taller de reparación de maquinaria eléctrica y almacén". Por su parte, el Seprona descubríó que la industria había comercializado y manipulado "residuos tóxicos y peligrosos, sin ningún tipo de autorización ni como gestor, productor ni transportista de este tipo de materiales". El Seprona determinó, según los informes oficiales, que los aceites analizados tenían, además, una "contaminación por PCB de 200 partes por millón, superándose los topes permitidos de 50 partes por millón". La Guardia Civil también consideró que los responsables de la empresa habían "omitido la obligación de informar sobre los PCB a la Administración del Estado y a la autonómica".

Entre enero y junio de 1996, la Consejería de Medio Ambiente ha tramitado 146 expedientes sancionadores por transgresión de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, la que se ha aplicado en el caso de Mangesa y Madrivel, SA. Los hechos denunciados con más frecuencia conforme a esta ley han sido el vertido incontrolado de aceite usado, la entrega de vertidos a gestores no autorizados o la quema de aceites sin permiso. Medio Ambiente ha tramitado, además, 523 expedientes por presunta violación de la Ley sobre Desechos y Residuos Urbanos.

Los hechos denunciados con más frecuencia son el abandono de vehículos y el vertido de residuos fuera de los lugares habilitados para ello. Asimismo ha habido denuncias por presunta violación de las leyes de Protección de la Fauna y Flora, Caza, Pesca y Forestal. En total, la Comunidad abrió 2.290 expedientes, que conllevan sanciones por 29 millones.