CiU lamenta que Matutes recibiese al líder radical anticastrista Mas Canosa

Convergència i Unió (CiU), uno de los cuatro grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno, fue ayer, paradójicamente, la única fuerza política que criticó espontáneamente y con dureza el trato dado el jueves en Madrid por el jefe de la diplomacia española, Abel Matutes, al radical opositor anticastrista Jorge Mas Canosa, al que recibió en la sede de su ministerio.

La Fundación Nacional Cubano-Americana, que encabeza Mas Canosa, es la principal impulsora de la ley Helms-Burton, que prevé sanciones para las empresas (algunas españolas) que supuestamente "trafiquen" en Cuba con antiguas propiedades norteamericanas confiscadas por el régimen de Fidel Castro.Ignasi Guardans, portavoz de CiU en el Congreso para política exterior, afirmó ayer que era "incoherente decir, por un lado, que se va a tener una posición de firmeza frente a la ley y, por otro, recibir de esa manera a quien ha sido su principal promotor, por no decir su autor".

La fundación de Mas Canosa es además, prosiguió el diputado de CiU, "una de las principales fuentes de información del Departamento de Estado" norteamericano a la hora de elaborar la lista negra de empresas extranjeras que invierten en Cuba, entre las que figuran algunas españolas: España es el primer inversor europeo en la isla.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, justificó el jueves el trato dado a Mas Canosa por la necesidad de "intercambiar impresiones"" con alguien que ejerce una gran influencia en la política de Estados Unidos con relación a Cuba. Guardans no fue ayer sensible a este argumento. "No se trata de intercambiar impresiones", afirmó, "sino de recibir en el ministerio a quien contribuyó a promover la violación de la soberanía de España".

A José María Robles, portavoz popular para política exterior, le supuso grandes esfuerzos evitar que CiU se sumase en mayo a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista instando al Ejecutivo a adoptar una legislación que proteja a los inversores españoles en la isla.

La proposición fue rechazada, por tan sólo dos votos, en el Pleno del Congreso, y el PP presentó a los pocos días un texto alternativo que CiU consideró insuficiente. Su grupo parlamentario lo endureció hasta que acabó pareciéndose al texto socialista, y finalmente fue aprobado por el Congreso.