Fracasa por quinta vez el intento del PP de archivar por prescipción el 'caso Sóller'

Juan López Gayá, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que instruye el sumatrío del caso Sóller -el presunto cobro de comisiones ilegales por el PP-, rechazó ayer otra vez la petición de archivo de la causa que de manera reiterada formulan los defensores de los principales políticos conservadores implicados, quienes aducen la supuesta prescripción de los hechos delictivos investigados. El juez denegó la solicitud presentada por el letrado del ex secretario general del PP balear y consejero de la Función Pública, José Antonio Berastáin, porque entiende que aún no están determinados los hechos sobre los que pesa la eventual demanda de prescripción.Es la quinta vez, en poco más de un año de investigación, que desde la cúpula del PP se ha intentado frenar la indagación penal para verificar la existencia de un posible delito continuado de prevaricación relacionado con otro de cohecho en la concesión del túnel de peaje de Sóller en el sumario están involucrados el consejero Berastáin y el ex presidente balear Gabriel Cañellas como supuestos receptores u operadores de supuestas comisiones pagadas por la empresa del túnel, que sumaron en su totalidad más de 40 millones de pesetas, de acuerdo con los informes de la policía y Hacienda.

El abogado de Cañellas, Rafael Perera, conductor de la estrategia jurídica del PP hasta el reciente nombramiento de Fernando Mateas, penalista especializado en tramas de narcotráfico, sostiene que si no existe un delito perseguible ni conducta penalmente reprobable, no hay razón para la instrucción sobre hechos que supuestamente lo conformaron. Perera y Mateas insisten en que han transcurrido más de cinco años desde que se efectuaron los actos cuestionados. Por su parte, Jaime Bueno, letrado de la acusación -Izquierda Unida-, manifestó ayer que "el supuesto delito no se agota ni se consuma en un solo acto", sino que está relacionado con las sucesivas decisiones administrativas adoptadas hace tres años por el Ejecutivo autónomo.

Unos 50 millones se manejaron, supuestamente para pagos políticos y electorales del PP balear. Falta identificar a la persona que retiró 72 millones en efectivo de la central de un banco.