Gestores públicos

DESPUÉS DE casi 14 años de gobernación socialista, el Partido Popular ha llegado al poder con una prisa comprensible por hacerse con los mandos del país en todo los órdenes. Los votos del 3-M y el respaldo obtenido en la sesión de investidura le conceden ese derecho. Y en sólo una semana ha habido una cascada de nombramientos en los escalones superiores de la Administración que han sobrevivido a la poda de altos cargos.Una vez que se cierre el baile de nombres en los distintos ministerios llegará la hora de las empresas públicas. El nuevo titular de Industria, Josep Piqué -un independiente más cercano a Pujol que a Aznar-, ha anunciado ya su propósito de proceder a la privatización de todas ellas en el transcurso de la actual legislatura. Esa intención privatizadora está en el programa de PP y ya el PSOE dio pasos en esa dirección, aunque está por ver a quién puedan interesar empresas de rentabilidad imposible como Hunosa o, la propia Renfe tomada como unidad. De ahí que el vicepresidente de Economía, Rodrigo Rato, haya preferido remitirse a un futuro plan estratégico de privatizaciones.

Pero lo que está de forma inmediata sobre la mesa es quién va a dirigir estas empresas. Entre ellas están algunas de las primeras marcas de este país: Repsol, Telefónica, ENDESA, Argentaria... Las cuatro citadas obtienen grandes beneficios y algunas están inmersas en procesos de expansión internacional de enorme importancia para su futuro. Todas ellas tienen una participación mayoritaria de capital privado y en varias se han constituido núcleos duros de accionistas.

El núevo Gobierno ya ha anunciado oficiosamente su intención de cambiar a todos los presidentes y ha hecho ya ofertas específicas. En esta decisión parece influir más el propósito de eliminar cualquier resto contaminante de la Administración socialista que un análisis frío de la gestión, por muchos himnos que se canten a la eficacia empresarial. El Estado mantiene, en cualquier caso, el control de estas compañías, y no cabe discutir el derecho que asiste al Gobierno para nombrar a sus gestores. Pero la existencia de socios privados -extranjeros en algunos casos- que han hecho grandes inversiones parece exigir que se les informe y se les escuche antes de nombrar al menos a los presidentes de las ' compañías. Y más cuando se reitera el propósito de ir a una privatización total. Si no, el nuevo Gobierno estaría cayendo en el mismo sectarismo o amiguismo por lo que tanto criticó a sus antecesores socialistas.