Diputados franceses exigen endurecer la ley sobre los inmigrantes ilegales

Las ideas xenófobas del Frente Nacional parecen calar entre los diputados conservadores franceses. La comisión parlamentaria de investigación sobre la inmigración clandestina presentó ayer, para su inclusión en una próxima ley, 46 proposiciones cuya dureza ha alarmado al propio Gobierno conservador y a Citarles Pasqua, el ex ministro de Interior que en 1993 elaboró la vigente legislación sobre extranjeros. La comisión de diputados desea que se limiten los derechos a la salud y a la educación de los clandestinos, lo que vulnera los principios constitucionales, y exige que se tomen las huellas digitales a todo demandante de visado procedente de "un país de alto riesgo".Además del archivo de huellas digitales de ciudadanos de países pobres, la comisión parlamentaria cree necesaria la constitución de un fichero para controlar a todos los franceses que acojan a extranjeros y exigirles responsabilidades legales en caso de que sus invitados incurran en ilegalidad. Asimismo, proponen que se prolongue hasta 45 días, en lugar de los 10 actuales, el plazo de retención administrativa previo a la expulsión de ilegales.

Los parlamentarios gaullistas y liberales se adentran en terrenos de constitucionalidad muy dudosa cuando demandan limitaciones drásticas sobre el derecho a la salud y la educación. Si sus propuestas prosperan, un inmigrante ilegal sólo será atendido médicamente en casos de urgencia o enfermedad contagiosa. Y los hijos de ilegales sólo podían ser inscritos en la escuela por sus padres -en situación declandestinidad- o por un tutor formalmente reconocido.

Otra propuesta que ha indignado a los partidos de izquierda y a las organizaciones humanitarias se refiere a hacer posible la expulsión de menores cuando su familia se encuentre en situación irregular. "Defiendo el principio de la indivisibilidad de la familia", declaró a Le Monde el presidente de la comisión, el liberal Jean-Pierre Philibert.

Con la vigente legislación, los inmigrantes clandestinos con hijos nacidos en Francia no pueden ser expulsados, debido a la nacionalidad francesa de los niños, pero tampoco pueden ser regularizados por ello, y viven en una situación administrativamente imposible. Según Philibert, para poder acabar con esa "perversión de la ley" la mejor vía es expulsar a la familia entera.