Andorra autorizará 600 nuevas residencias fiscales hasta junio

El Gobierno de Andorra ha decidido abrir la puerta a nuevos residentes fiscales extranjeros. Estas autorizaciones están congeladas desde el mes de agosto del año 1992, aunque existe una lista de espera superior a las 350 personas.El ejecutivo andorrano envió ayer al Consell General (parlamento) un proyecto de ley que tiene previsto autorizar hasta 600 nuevas "residencias pasivas" (permisos fiscales) "siguiendo el orden cronológico del registro de entrada" y con la fecha límite del próximo mes de junio.

Españoles y franceses, los ciudadanos que más utilizan la residencia fiscal andorrana, serán los principales beneficiaros de esta medida, caso de ser aprobada por el parlamento del país pirenaico. Un buen número de las residencias fiscales concedidas por Andorra a extranjeros corresponden a personajes del mundo del deporte, como Arantxa Sánchez-Vicario, y del espectáculo.

En Andorra no existen Impuestos sobre la renta ni sobre sociedades por lo que la mayoría de los ingresos públicos provienen de los impuestos a las importaciones. De hecho, los datos del censo revelan que la mayoría de sus residentes no poseen la nacionalidad andorrana.

A preguntas de este diario, el, Gobierno andorrano declinó hacer declaraciones sobre las nuevas medidas propuestas. Fuentes profesionales del sector de asesoría fiscal afirmaron ayer que hay unos 8.000 extranjeros con residencia fiscal en Andorra.

Andorra exige cuatro condiciones fundamentales para conceder la residencia fiscal: disponer de vivienda propia o en arrendamiento, vivir seis meses al año en el país, acreditar ingresos suficientes para vivir "sin ejercer ninguna actividad laboral o profesional" y tener contratado un seguro de enfermedad.

Para acreditar la residencia se utilizaban hasta ahora informes administrativos basados en consumos domésticos como energía eléctrica, agua, etcétera, dicen las fuentes consultadas.

Reglamento de acceso

El Gobierno andorrano elaborará un reglamento para regular el acceso a la condición de residente fiscal. Se pretende que las nuevas licencias fiscales deban pagar un millón de pesetas cada año y dejar en depósito otro millón más en el banco público.

Este depósito podría recuperarse al abandonar la residencia fiscal en el país, aunque la administración puede cargar contra esta cantidad deudas pendientes con ella. El Gobierno ha propuesto que se empiecen a cobrar estas tasas a partir de 1999 para los ya residentes.

Andorra es considerada por el Ministerio de Economía y Hacienda español desde hace años como un paraíso fiscal. En reiteradas ocasiones el Gobierno andorrano, como en la reunión que mantuvo con Felipe González el año pasado, ha hecho saber al Ejecutivo español que esa calificacíón perjudica algunas transacciones e inversiones españolas en el Principado.