Pocas objeciones del Consejo de Estado al reglamento del cable

El Consejo de Estado ha hecho once alegaciones, ninguna de ellas de fondo, al reglamento que desarrolla la ley de Telecomunicaciones por Cable, según fuentes del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA). Los temas cuestionados son de redacción y procedimiento. También ha establecido algunas salvaguardias que serán incorporadas al texto definitivo que hoy estudiará el Consejo de Ministros.En su dictamen, remitido ayer al ministerio, el Consejo de Estado no se opone al papel asignado a Telefónica o a que esta compañía obtenga una concesión, provisional para operar en aquellos lugares en los que había iniciado la actividad antes del 24 de diciembre de 1994, fecha en la que entró en vigor la ley del cable. Tampoco pone ninguna objeción a las demarcaciones territoriales o a las competencias atribuidas a los ayuntamientos y autonomías.

No se cuestiona, por tanto, el derecho de Telefónica ni de otros titulares de redes a explotar los servicios de cable en las demarcaciones donde cumplan con los requisitos marcados por la ley. Previamente deberán solicitar una concesión provisional que requerirá una inspección del MOPTMA y un informe del ayuntamiento donde se encuentre la demarcación.

De hecho Telefónica, como titular de red, solicitó 42 autorizaciones provisionales. Fuentes del MOPTMA señalan que es muy probable que no se autoricen todas esas licencias "por no cumplir los requisitos". Un portavoz de Telefónica asegura que esta compañía es la única que cumple con las condiciones exigidas para las redes que funcionaban al entrar en vigor la ley.

Por otra parte, los países de la Unión Europea con las redes de telecomunicaciones menos desarrolladas, entre ellos España, podrán disponer de un periodo suplementario de hasta cinco años para liberalizar las redes alternativas, según informó ayer un portavoz comunitario.Otras redes

Esta liberalización aprobada el miércoles por la Comisión Europea, establece que, a partir del 1 de julio próximo, las redes alternativas -las de las compañías eléctricas, agua, ferrocarril o televisión- deberán abrirse al uso de las empresas de telecomunicaciones. Pero España, Grecia, Portugal, Irlanda, Bélgica y Luxemburgo podrán disponer de hasta cinco años más para hacerlo, siempre con una petición expresa que aporte justificaciones adecuadas para retrasar el proceso. En cualquier caso, los servicios del departamento español de Obras Públicas estudian si deben plantear o no un recurso contra la directiva comunitaria de liberalización de dichas redes.