Los empleados de Filsa invirtieron en la empresa, pero siguen sin cobrar

Pusieron un millón de pesetas por empleado para reflotar la empresa e intentar salvar los 42 puestos de trabajo. Un dinero que muchos de ellos aportaron gracias a créditos bancarios. Han pasado los meses y el auténtico propietario de Filsa, Mantenimiento, Ingeniería e Instalaciones de Valladolid, Jesús Alagüero Valero, les adeuda los salarios de tres meses, la paga extraordinaria de diciembre y el cerca de medio centenar de trabajadores tienen que hacer frente a las letras de los créditos que pidieron en febrero del pasado año al BBV a razón de más de 22.000 pesetas al mes durante cinco años.Desde mediados del pasado 26 de diciembre, los empleados de Filsa permanecen concentra dos a la puerta de la empresa, ubicada en el polígono San Cristóbal de Valladolid, para reivindicar sus derechos y las promesas que les hizo el propietario de la empresa. Según José Andrés Esteban, de la federación del metal de UGT, "Alagüero se juntó con 50 millones de pesetas tras coaccionar a muchos de los trabajadores, porque si no les ponía en la calle debido a la precariedad de los contratos". Lo cierto es que el problema, según relata Esteban, podría haber sido mayor para los trabajadores, ya que el propietario de Filsa "se atrevió a proponer a los empleados la constitución de una sociedad anónima laboral". El representante sindical afirma que Alagüero llegó a solicitar a los trabajadores la escisión de sus contra tos "y con la capitalización del desempleo más la indemnización del Fondo de Garantía Salarial sanear las quebradas arcas de esta industria dedicada a los montajes eléctricos".

La verdad es que el empresario, lo que pretendía, según José Andrés Esteban, era liquidar Filsa "y convertirse en un mero intermediario para contratar trabajos para la empresa que constituyeran los empleados, pero todo ello sin garantía alguna para los trabajadores".

Se acabó la paciencia

La paciencia de los empleados empezó a agotarse el pasado mes de diciembre, después de tres meses sin cobrar, cuando exigieron a Jesús Alagüero el estado de cuentas de la empresa y el pago de los salarios atrasados. El propietario se negó a entregar cualquier tipo de cuentas, si bien reconoció que las deudas ascendían a unos 300 millones de pesetas con varios proveedores y otras entidades bancarias.La única buena noticia que hasta el momento han recibido el medio centenar de empleados es que la Administración autónoma resolvió el pasado viernes favorablemente la escisión de los contratos, con lo que los trabajadores podrán acceder al desempleo en el primer trimestre de este año y podrán así buscar otro trabajo.