La acción popular, al alcance de cualquiera

En el Supremo hay la sensación de que existen profesionales de la acción popular que fundamentan sus querellas en recortes de periódicos. "Se está produciendo un verdadero abuso" asegura una magistrado de la Sala Segunda; sería bueno que en la futura Ley Procesal se regularan las condiciones de su ejercicio".Según el artículo 125 de la Constitución cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular. La ausencia de límites ha originado que la bienintencionada previsión constitucional haya degenerado en fuente de dilaciones y sea utilizada como arma arrojadiia contra el juez, para sustraer investigaciones al fiscal como medio de amplificar a través de los medios informativos todo testimonio o diligencia que se solicite por descabellada que sea, e incluso puede llegar a constituir un lucrativo negocio.

Dado que todo ciudadano puede ejercer la acción popular hay muchos que no se privan. Son verdaderos querellantes o profesionales de las querellas capaces de atascar por sí solos una secretaría entera del Tribunal Supremo.

Cualquier ciudadano que presente un folio manuscrito acompañado de una fotocopia de una hoja de periódico imputando a un aforado el delito que más le apetezca, pone en marcha un mecanismo que dará trabajo a tres magistrados del Tribunal Supremo, un fiscal del alto tribunal, la secretaría de Causas Especiales y una brigada de funcionarios, mecanógrafas y agentes judiciales.

Entre las denuncias hay de todo, pero las más habituales son contra jueces y miembros del Gobierno. El presidente del Gobierno, Felipe González, ha sido denunciado por un profesor interino que le acusó de haber sacado a concurso la plaza que venía ocupando. Se ha llegado a denunciar al Rey y al Príncipe Felipe por uso indebido de nombre y de condecoraciones militares.