El congreso que no fue

Tanto tiempo de preparación, tanta estrategia, para casi nada. Éste era el lamento de los principales dirigentes del PCE en la clausura de su congreso. Es una evidencia que los tres días de trabajo han pivotado en torno al conflicto con CC OO y con el PSUC, por lo que el diseño teórico previo al congreso no se ha cumplido.Tres eran los principales objetivos: unidad sin fisuras en el PCE; apuesta de los comunistas por trasladar todo su trabajo a Izquierda Unida y, por último, impedir el ascenso del sector más radical, ortodoxo, o leninista, así como sus propuestas de carácter extremista. Para el PCE, todo se ha conseguido, pero no ha trascendido como debiera a todos los delegados y a la opinión pública. También quedó clara la imposibilidad de pactar con el PSOE, con el argumento de que toda su política conduce a más paro y a la precariedad laboral.

El peligro de involucionismo en el PCE se ha conjurado. Efectivamente, el reducido pero brioso sector radical -parte de la Unión de Juventudes Comunistas sectores de Euskadi, Navarra, Andalucía y Asturias- ha peleado porque prosperaran enmiendas con ataques a la Monarquía, exaltaciones de la República, descalificaciones de la Constitución y defensa implícita de la lucha armada para conseguir el poder.

Nada de esto ha salido adelante. La inmensa mayoría de los congresistas cortó en seco. Sobre el papel nada hay que reprochar a los postulados aprobados en este congreso de una fuerza marxista y revolucionaria. En ninguno de los discursos faltó el aliento a las movilizaciones en Francia. El Congreso aprobó también un buen número de resoluciones encabezadas por la exigencia a ETA de que devuelva la libertad a José María Aldaya.

La despenalización del aborto y de la insumisión fueron también aprobadas, así como la petición de que el Senado celebre un debate sobre el Estado de las autonomías. Otras tienen carácter internacional y hablan de apoyo al pueblo cubano y rechazo "al bloqueo"; proclamación del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y petición a la Organización de Estados Americanos de que condene al Gobierno de Colombia por el "genocidio político contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano".