La ley del cable

En la edición de ayer de EL PAÍS y al hilo de las declaraciones de Juan Luis Cebrián afirmando que "la ley del cable es un parche más en la legislación audiovisual española", se me atribuye el reconocimiento de la inconstitucionalidad de esa ley.Nada más lejos de la realidad. Las declaraciones (tanto las de Cebrián como las mías) se produjeron en el transcurso de las jornadas sobre telecomunicaciones organizadas por The Economist, ante casi un centenar de personas. En un momento del coloquio alguien me preguntó mi opinión sobre la previa afirmación de Cebrián, en el sentido de que la limitación prevista en la ley a un máximo de un millón y medio de abonados por cada operador era inconstitucional. Mi respuesta, casi textual, fue: "Sólo es inconstitucional lo que el Tribunal Constitucional estima que es inconstitucional". Y añadí, en un intento (veo que no conseguido) de clarificar conceptos: "Lo que el señor Cebrián posiblemente ha querido decir es que si en el futuro el potencial abonado 1.500.001 no puede disfrutar de servicios de telecomunicaciones por cable -por haber superado el límite los dos operadores de su demarcación- podría plantear una demanda ante el Tribunal Constitucional". A partir de ahí expliqué que, tal como había comentado el ministro Borrell en el Pleno del Senado, tenemos desde el ministerio ciertas reservas sobre la limitación del millón y medio, porque creemos que va en contra de la voluntad de extensión del servicio manifestada incluso por el grupo de Izquierda Unida, que proponía esa limitación. Y expliqué también que, en aras del consenso, todos los grupos parlamentarios habían aceptado modificaciones respecto de los planteamientos iniciales.

Todo lo cual refleja, con mayor exactitud que la crónica publicada, mi posición sobre el asunto y deja bien claro, como creo que entendieron todos los presentes, mi voluntad expresa de no pronunciarme sobre cuestiones de constitucionalidad que no me competen.-