Un juez autorizó que se provocara un delito para obtener las pruebas de las escuchas ilegales

La policía ideó, primero, y un juez dé Barcelona autorizó, después, la puesta en marcha de un plan para obtener pruebas y desarticular una supuesta red de escuchas ilegales que, de acuerdo con las sospechas policiales, podía operar desde la agencia de detectives Método 3, de la capital catalana. De las ocho personas detenidas, una quedó Ubre en la Jefatura de Policía y seis más, entre ellas los responsables de la agencia, fueron puestas en libertad ayer sin fianza por un juez. El defensor de cinco de los inculpados dijo ayer que sus clientes fueron víctimas de un montaje.

Las sospechas de Telefónica sobre el encargado de servicios comerciales, Sergio Sancelestino Vicente, y lo que la agencia de detectives Cros-Word, dirigida por Antonio Hernández Gracia, investigó sobre este empleado abrieron el caso. En el propio informe policial se indica que la compañía denunció las sospechas a la policía y Cros-Word aportó la información obtenida. Con ese material, el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona autorizó la intervención telefónica del número de Sancelestino que mantenía contactos con la agencia Método 3 La policía de la Brigada de Delincuencia Organizada diseñó entonces, según indica el informe, un plan que fue aprobado por el juez José Miguel Vontcuberta. Primero, "se alquiló un local en la calle de Balmes, 89-91 ", en cuya gestión in tervino Cross-Word, que prestó la identidad de una. persona para contratar un número de teléfono "que serviría de cebo".

El informe cotinúa: "El gerente de la empresa Cross Word cuenta con la colaboración necesaria de un empresario", Joan Masramon Caritg, administrador de la empresa Exportextil Countertrade. Por indicación de la policía, el empresario encargó a Método 3 el seguimiento de un ex socio. La propietaria de la agencia, Marita Fernández, se entrevisto con Masramon y le comunicó que el precio del trabajo sería entre tres y cinco millones de pesetas. Las entrevistas entre ambos fueron grabadas por la policía. A partir de ahí, se montó un dispositivo de vigilancia hasta que el, 26 de octubre un empleado de telefónica se presentó en el edificio y pinchó el teléfono-cebo. El posterior control de idas y venidas de personas que operaban con antenas y grabadoras junto al edificio condujo hacia los otros sospechosos, algunos de ellos detectives de Método 3 y otros empleados de Telefónica. El viernes pasado, cuando Marita Fernández salía de una cita con el empresario, a quien le mostró el contenido de las grabaciones obtenidas ilegalmente, fue detenida.

Al estallar el caso, la defensa de los detenidos requirió la declaración del empresario, quien afirmó que se había limitado a colaborar por "relaciones de amistad con el de tective Antonio Hernández Gracia" y que en todo momento siguió "el plan establecido previamente por la policía y el juez" para desenmascarar la red. Sin embargo, en los registros policiales no se obtuvo ninguna otra graba ción de escuchas ilegales que la provocada por el propio plan, según fuentes judiciales.