Un ex edil de Sanidad alega que la salud pública no era competencia suya

Algunas víctimas del síndrome tóxico que asistían ayer a la vista de los ex cargos públicos abandonaron la sala. No podían soportar, comentaban entre sí, la "desvergonzada" ignorancia sobre la legislación alegada "por el banquero". Se referían a Casimiro Palacios, edil de Sanidad de Alcorcón (Madrid) en la época, 1981, del envenenamiento. "Mi concejalía", reiteró éste, "no tenía otro contenido que el del programa de mí partido [PCE]: reivindicar más y mejores dotaciones asistenciales para una ciudad-dormitorio que ya contaba con 125.000 habitantes y que, a esos efectos, parecía como si solo tuviese 5.000"."No, no tenía noticia de ello", "lo desconocía", "nadie me dijo nada"... A requerimiento de uno de sus acusadores, Palacios, un bachiller elemental que trabajaba en Madrid como administrativo de una entidad bancaria, dijo saber que "el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento" y poco más sobre decretos o normas. Según adujo, asumió precisamente la concejalía de Sanidad -entre mayo de 1979 y enero dé 1982, cuando dimitió- porque su dedicación municipal sólo podía ser a tiempo parcial y aquélla "no era más que reivindicativa".

Uno de los abogados de los afectados llegó a citar una ley decimonónica que ya obligaba a los regidores a decomisar los aceites de oliva fraudulentos. Después fue desgranando otras: de 1944,1955, 1975... Daba igual. Palacios, se encastilló en que a él no le incumbía más que intentar que aumentasen los ambulatorios o- las clínicas, lo que consiguió, para que la población recibiera mayor asistencia., Incluso mantuvo, en contra del acta de su Ayuntamiento al respecto, que su departamento era "de Sanidad y punto, no de Sanidad y Salud Pública".

La alcaldía y Abastos

Palacios explicó en ese sentido que la salud pública dependía del jefe local de Sanidad, un médico que disponía de la colaboración de un veterinario y un farmacéutico y que, a su vez, se debía a su jefatura provincial y, por último, a su ministerio, "o sea al Estado". Con el titular de ese puesto siempre se relacionaba de forma directa y exclusiva el alcalde, José Aranda. Por ejemplo, en lo referente a la licencia de apertura de Raelca -su concesión estaba en suspenso-, la empresa que distribuyó parte de la colza desnaturalizada con anilina.Por otro lado, la venta ambulante era competencia, insistió Palacios, de su homólogo de Abastos y Mercados, Francisco Mayo.

Se da la circunstancia de que las posibles responsabilidades jurídico-penales en que hubieran incurrido Aranda y Mayo,acusados en su día, como Palacios, de negligencia en el control del aceite que se vendía en los mercadillos o a domicilio, se han extinguido con sus fallecimientos.

Ayer también terminó de ser interrogado Roberto Conty. El que fuese subdirector general de Higiene para la Alimentación se ratificó en sus declaraciones de la sesión anterior, la del martes pasado. Así, abundó en que él no escribió "apto para el consumo humano" en un análisis de una muestra de aceite de Raelca y en que, aunque varias hipótesis ya apuntaban en mayo hacia una intoxicación alimentaría, hasta junio no se culpabilizó a la colza.