Un procesado dice que no podía saber que el aceite se manipularía

"El informe del Laboratorio Central no era preceptivo para que la Dirección General de Aduanas (DGA) autorizase o no una importación determinada [por las de RAPSA], ya que podía haber otros elementos de juicio" declaró ayer Manuel Hernández Bolaños, el jefe de aquél desde 1964 hasta 1984. En la quinta sesión de la vista en la Audiencia Nacional contra cinco ex cargos de la Administración y dos ex concejales por los presuntos delitos de imprudencia temeraria y contra la salud pública en el caso del síndrome tóxico, Hernández exclamó que, "no siendo adivino", no pudo prever lo que pasaría por culpa de unos aceiteros manipuladores.Los abogados de las víctimas concluyeron el interrogatorio de Hemández, iniciado en la cita anterior, la del martes pasado, procurando dejar sentada, por activa o pasiva, su responsabilidad. Su tesis giré en tomo a que su visto bueno de 1973 a la anilina como desnaturalizante de la colza, aunque sólo fuera para "una empresa concreta" que fabricaba objetos de caucho, fue la causa indirecta del envenenamiento de 1981,

Hernández, que reconoció que la DGA no solía pedir, nuevos informes sobre un mismo producto, negó, sin embargo, validez a ese supuesto precedente porque su carácter fue particular, no general. Por otra parte, explicó, sus competencias no eran más que informativas y ante requerimientos expresos. Así, dijo, no le correspondía hacer advertencias sobre su peligrosidad, máxime cuando su uso debería ser sólo industrial.

Supuesta descoordinación

Los representantes de los afectados intentaron probar la descoordinación del Laboratorio Central respecto a los auxiliares. Para ello mencionaron análisis realizados en el de Barcelona en los que, a diferencia de los efectuados en el de Madrid, sí constaba el porcentaje de anilina. Hernández replicó que su departamento lo habría cuantificado de haberse rebasado el 2%.

Ante un aluvión de cuestiones técnicas, Hernández insistió en que la intoxicación no la produjo la anilina, un desnaturalizante empleado precisamente para hacer imposible el consumo humano del aceite "por su sabor repugnante", sino los desaprensivos que lo refinaron para eliminarlo y que ya no fuese repulsivo ingerirlo.

El proceso continuará hoy con las declaraciones de José Guilló Fernández, ex director general de Competencia y Consumo. El juez instructor, Carlos Bueren, consideró en su auto de apertura de juicio que su organismo no habría controlado de la forma debida las licencias de importación de la colza desnaturalizada y que tendría que haber sospechado de su incremento.