El juez a batir

El juez Manuel García-Castellón es el principal enemigo a batir dentro de la estrategia jurídica diseñada por los abogados de Mario Conde, que ni ha olvidado ni perdona el encarcelamiento navideño al que le tuvo sometido el magistrado. Pero antes que la venganza, Conde tiene un móvil más poderoso: el sumario del caso Banesto sigue avanzando inexorablemente.García-Castellón, que llegó como sustituto de Baltasar Garzón durante la etapa de éste en el Ministerio del Interior, se ha ganado en pocos meses una sólida reputación como juez serio y trabajador pese al apreciable vacío al que han sido sometidos tanto él como el fiscal del caso Banesto, Florentino Ortí, por un sector de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Lo decía este verano el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, en una entrevista en El Siglo: "Las divisiones intemas arrancan del 14 de noviembre pasado, cuando presenté la querella de Banesto".

La supuesta ilegalidad del nombramiento del magistrado instructor de Banesto, aducida obsesivamente por el abogado de Conde, Jesús Santaella, no tiene otro objeto que transferir a Morelras el sumario del caso Banesto. Conde sabe que la causa entraría así en un juzgado considerado el cementerio de los sumarios, en el que correría pareja suerte al del caso KIO, por poner un solo ejemplo de lo que nunca resolverá Moreiras.

No quiere "apoyos"

Para Alfonso Barcala, Luis Lerga o Rodolfo Soto, los jueces centrales de la Audiencia Nacional que instruyeron delitos monetarios antes que Moreiras, nadie planteó nunca la necesidad de un "juez de apoyo". Pero el atasco del juzgado y las resoluciones con freno y marcha atrás de su titular aconsejaron a su presidente, Clemente Auger, iniciar el proceso de desactivación del magistrado.Moreiras protagonizó una intempestiva reacción al enterarse de que García-Castellón se haría cargo del caso Banesto, pero finalmente desistió de plantear batalla frontal. A la primera oportunidad comunicó, eso sí, que no precisaría de más "apoyo" de GarcíaCastellón cuando finalizase su primer periodo de seis meses.

No le hicieron ni caso y tanto la Audiencia Nacional como el Consejo General del Poder Judicial prorrogaron en abril la comisión de servicio de García-Castellón. El asunto tuvo que ser debatido en el pleno del organismo a petición del vocal propuesto por el PP, Javier Gómez de Liaño, hermano del asesor jurídico de Banesto. El vocal Andrés de la Oliva, también propuesto por el PP, discrepó de que Gómez de Liaño participara en "la deliberación y votación del pleno", según dijo, y éste le respondió públicamente con un rosario de epítetos.

Conde recurrió la prórroga de García-Castellón, aunque contra el Gobierno, y en la sombra, ha optado por otros métodos. Como el Supremo rechazó su queja, con lo que se esfumó su penúltima posibilidad, ahora intenta que el instructor no pueda acabar su trabajo antes de finales de octubre, fecha en que concluye la prórroga.