Ni privilegios ni picaresca

En un principio, el anteproyecto de Ley de Voluntariado preveía, a finales de 1994, una serie de ventajas para quien, se dedicara a esa labor social.La idea era incentivar el voluntariado mediante concesión de préstamos para la realización de estudios, acceso de créditos para adquisición de vivienda, prioridades para ingresar en residencias públicas estatales y en viajes sociales para la tercera edad.

Pero la inmensa mayoría de las ONG -y también los sindicatos- mostraron su rechazo a esos privilegios y a dar pie al previsible surgimiento de picarescas. "En general", manifestaba Luis Arancibia, de la Coordinadora de ONG, que agrupa a más de 80 asociaciones, "preferimos los incentivos a las organizaciones para que mejoren por ejemplo la formación de sus voluntarios, pero no incentivos personales de carácter económico".

Sólo Intermón exteriorizó su desacuerdo: "¿Por qué las donaciones pueden desgravar fiscalmente y las aportaciones de tiempo libre y trabajo no?", preguntó Ramón García.

Asuntos Sociales dio marcha atrás y, en la primavera pasada, tenía ya claro que el proyecto de ley debía ceñirse a regular un fenómeno social imparable en España.

En cuanto a la prestación social sustitutoria, el anteproyecto contemplaba ya en diciembre del año pasado "la exención o reducción proporcional del tiempo de prestación social sustitutoria siempre que las actividades de voluntariado se lleven a cabo en el seno de organizaciones que tengan suscrito el correspondiente acuerdo para la realización de dicha prestación".

Cristina Alberdi dejaba claro entonces que pretendía que la Ley no se identificase exclusivamente con una alternativa al servicio militar.

De hecho, el anteproyecto fue enviado por Asuntos Sociales, para su enriquecimiento con matizaciones, a los ministerios de Trabajo, Obras Públicas y Transportes, Admi nistraciones Públicas, Cultura, Sanidad; Defensa, y Educación y Ciencia, en reconocimiento a la propia extensión social del voluntariado.