"¿Qué es lo que ha ocurrido?"

"¿Qué es lo que ha ocurrido?", se preguntó retóricamente Narcís Serra en su intervención inicial.Antes de explicar lo sucedido, Serra se extendió en lo que no ha sucedido: el Gobierno no ha ordenado la grabación de conversaciones privadas, no las ha conocido y no las ha utilizado nunca. El Cesid no ha organizado ninguna operación de espionaje a políticos, empresarios y periodistas. Además, agregó con énfasis, "no ha espiado a Su Majestad el Rey". Si lo primero es "rotundamente falso", lo segundo constituye "una infamia".

Entonces, "¿qué es lo que, ha ocurrido?", se preguntó de nuevo Serra, agotando la paciencia de no pocos diputados. El Cesid se encarga de la vigilancia del espacio radioeléctrico, utilizado por servicios de espionaje de otros países, por grupos terroristas y por bandas de narcotraficantes; aunque también por usuarios de telefonía móvil.

En los años en que se produjeron las grabaciones ilegales (1984-91), los escáneres del Cesid carecían de capacidad para escuchas programadas; es decir, no podían seleccionar teléfonos a priori. Sí que podían captar comunicaciones telefónicas y, aunque el centro estaba convencido de que esto no era ilegal, Serra se reservó su juicio hasta que los tribunales se pronuncien.

Para proteger la intimidad de los afectados, el Cesid contaba con instrucciones internas precisas: sólo debían grabarse las conversaciones que afectaran a la seguridad y debían borrarse tanto las irrelevantes para los fines del centro como las íntimas. Incluso las grabaciones conservadas por su posible utilidad debían ser eliminadas tras su análisis por el jefe del departamento correspondiente. Por eso, según Serra, no existe en el Cesid ninguna "cintateca" o archivo de grabaciones.

El responsable de discriminar las grabaciones superfluas de las útiles y de destruir las primeras era el coronel Juan Alberto Perote Pellón, de quien dependía el gabinete de escuchas.

El acusado por el juez militar de filtrar a la prensa la existencia de las grabaciones ilegales sería el responsable de haberlas realizado indebidamente y no haberlas destruido, según Serra. Todo ello, "a espaldas del director", el general Manglano, para quien Serra tuvo palabras de elogio.

Serra afirmó que la vigilancia del espacio radioeléctrico es "práctica usual" de todos los servicios secretos occidentales y se preguntó por qué alarma que lo realice el Cesid y no que la hagan ciudadanos privados, poseedores de 30.000 escáneres en España. No obstante, matizó que el Gobierno desconocía los métodos del Cesid y les aplicaba la "presunción de legalidad".

Más grave consideró el "gravísimo atentado a la seguridad del Estado" que ha supuesto la fuga de abundante información secreta del Cesid.