Los jueces de instrucción de Barcelona, en contra de los premios por el catalán

Quince jueces de instrucción de Barcelona se opusieron ayer a premiar a los magistrados que acrediten saber catalán. La junta de jueces reunió a 19 de los 33 magistrados de instrucción. Después, el juez decano, Santiago Torres, y otros magistrados que se oponen al reconocimiento del idioma a efectos de antigüedad en el escalafón redactaron un comunicado que afirma: "En la esfera del mundo del derecho, el castellano es lengua mayoritaria, y el catalán, minoritaria. La primera, por la propia naturaleza de las cosas, es lengua dominante".

La junta de jueces obedeció al interés del decano en debatir el reglamento del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) sobre el reconocimiento al uso del catalán por los jueces. El reglamento, suspendido a la espera de la resolución del Tribunal Supremo sobre un recurso, prevé seis años de antigüedad por el conocimiento de las lenguas y otros tres por el derecho autonómico.Según el comunicado elaborado por el juez decano y otros magistrados: "La junta de jueces reconoce, con claridad y sin fisuras, la premisa mayor: el derecho de los pueblos a existir como tales, en la identidad que les es propia, y con todas las consecuencias que ello comporta". La "premisa menor", según los jueces, es "cómo se conjuga lo anterior -la identidad propia de los pueblos- en el ámbito de la lengua y la justicia".

Sigue la nota refiriéndose a que los cauces políticos intentan conseguir la igualdad entre las lenguas, "cosa que la Junta comparte". Y se preguntan: "¿Es bueno hacerlo premiando con antigüedad en el escalafón?". La respuesta de los magistrados es que no.

El acuerdo de los magistrados también se opone a premiar con antigüedad el conocimiento de los derechos propios y forales de las comunidades autónomas. A la junta no asistieron 14 magistrados que mantienen una actitud crítica hacia Santiago Torres.

Paralelamente, la fiscalía del Tribunal Supremo considera que los alumnos tienen derecho en Cataluña a cursar toda la enseñanza primaria, hasta los 13 años, en la lengua de su elección. Esta postura discrepa con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Cataluña (TSJC) de marzo de 1994 que reconocía el derecho a elegir el idioma de enseñanza hasta los siete años.