Fin del letargo

La política autonómica de seguridad habita en una sola dirección general: la de Protección Ciudadana. Allí dentro, lejos del ruido municipal. se optó esta legislatura por un modelo tranquilo -nada de pedir policía autonómica y meterse a dispersar manifestaciones o detener vecinos. Por el contrario, en los últimos cuatro años se ha diseñado un conjunto de medidas preventivas que, en contraste con los sobresaltos diarios que sacuden Madrid, suenan a rumor de olas.Se trata de planes de emergencia para eventualidades tan lejanas como un seísmo, una inundación o una ola de frío. Aunque también el departamento autonómico -con 5.000 millones de resupuesto- ha desarrollado modelos de acción ara hacer frente a problemas más cotidianos como el fuego en el monte. Ése a sido uno de los mayores logros de una dirección general que cuenta con 50 bomberos entre sus 50 empleados.

El éxito de la iniciativa se ha medido en hectáreas. Por ejemplo, el año pasado ardieron 1.500 hectáreas -606 de arbolado-, una cifra irrisoria en comparación con las decenas de miles devastadas en Cataluña, Andalucía o el País Valenciano.

Este triunfo impulsó la aprobación de la Ley del Bombero, que obliga a las salas de espectáculos a disponer de seguro de incendio y que concede a los bomberos la potestad de cerrar y desalojar locales. Este impulso legislativo, sin embargo, está momentáneamente embarrancado. El Estado lo ha impugnado ante el Tribunal Constitucional por permitir el ascenso a oficial de bomberos sin carrera. Un caso similar -una impugnación por un apartado secundario- ha frenado el otro gran proyecto autonómico de seguridad: la Ley de Coordinación de Policías Locales, que incluye a los agentes en las tareas de policía judicial.

Pese a estas interferencias judiciales, el modelo escogido por la Dirección General de Protección Cuidadana, pilotada por Jorge Murtra, ha navegado en aguas tranquilas. 0, por lo menos, ésa ha sido la tónica de 1991 a 1994. Y es que 1995, con la asunción de las competencias de prevención de incendios y espectáculos, ha supuesto la entrada en zona de turbulencias.

Dos grandes frentes se han abierto. En el terreno de las inspecciones, quien gane las autonómicas deberá asumir el coste que implica encargarse de la revisión de la seguridad, tanto de los locales de espectáculos como de los conciertos de la Comunidad. Fuera de este campo de acción queda el Ayuntamiento de Madrid, cuya batalla en este peligroso sector -recuérdese la tragedia del cine Bilbao en enero de 1993- puede servir de adelanto de lo que le espera a la Comunidad a la hora de procurarse antipatías. Revisar la seguridad de teatros -en Madrid, por ejemplo, tres de cada cuatro suspenden-, bares, cines, salas de fiestas, espacios públicos... desatará el grito de más de un propietario o alcalde.

El segundo frente lo forman los festejos taurinos -134 localidades ya han solicitado autorización para encierros-. Aquí, el departamento autonómico, que ha anunciado entre el escepticismo general que los encierros no durarán más de media hora, deberá enfrentarse a brutalidades contra animales y festejos ilegales -como el embolao-, así como velar por la seguridad de los mozos, exigir vallas, dobladores y ambulancias, y multar a los ayuntamientos infractores. Esto es, la Comunidad sacará su rostro sancionador y empezará a ser temida. Por lo menos, en fiestas.