55.000 salmantinos salieron a la calle en defensa del Archivo Histórico Nacional

IGNACIO FRANCIA. El alcalde de Salamanca, Jesús Málaga, ante unos 55.000 manifestantes, según la Policía Municipal, comprometió ayer a que "no saldrá ni un solo o del archivo", porque ésa era la demanda que originaba la manifestación convocada por decisión unánime del Ayuntamiento para reclamar que el Consejo de Ministros reconsidere el acuerdo de entregar a la Generalitat de Cataluña fondos documentales depositados en Salamanca.

En la manifestación -la Policía Municipal dio una cifra de 55.000 asistentes, en una ciudad" de 163.000 habitantes en 1991- que en su recorrido pasó ante el edificio del colegio de San Ambrosio, en el que radica el archivo, en pleno barrio antiguo, no ocurrió ningún conflicto ni se corearon lemas de ningún tipo, en respuesta a la petición de que la marcha fuera silenciosa. Tan sólo escasas pancartas reivindicaron la permanencia de los documentos.Desde el balcón del Ayuntamiento se leyó el manifiesto elaborado por el alcalde que señaló que, como "ciudad educadora y cultural, hemos protegido nuestras instituciones relacionadas con la enseñanza hasta los últimos extremos", ya que "Salamanca ha luchado siempre por su identidad".

En el manifiesto se puso de relieve que ahora se plantea "una reivindicación justa, la integridad del archivo de San Ambrosio", para precisar que "no comprendemos que contra todos los criterios archivísticos nacionales e internacionales se quiera romper la unidad de este archivo nacional: creemos que la partición del de San Ambrosio supondrá un rosario de reclamaciones que, de ser aceptadas, acabaría con todos los archivos, bibliotecas y museos del Estado".

El manifiesto del alcalde fue contundente en su cierre: "España entera debe percatarse de que la Salamanca que hoy se ha manifestado por las calles del barrio antiguo es tajante en sus demandas: no saldrá ni un solo legajo del archivo".

Desde el mismo balcón, el escritor Gonzalo Torrente Ballester dijo que la importancia de los papeles era que "en un momento determinado, alguien que podía hacerlo decretó que formaran parte del archivo" y pidió que sirvieran para el estudio de la guerra civil, pendiente de realizarse una "historia objetiva".

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Felipe González, dijo ayer que la polémica no originará un enfrentamiento territorial. "Estamos haciendo un análisis científico que nos han pedido desde Salamanca. Después ya veremos cómo se resuelve. Hay una cierta lógica histórica en que haya un depósito de la Generalitat con sus activos. No obstante, como ha habido una reclamación por técnicos del Ayuntamiento de Salamanca, lo vamos a ver".

Jordi Pujol afirmó ayer en el Parlamento catalán que el Gobiemo le ha ratificado su decisión de trasladar a Cataluña el archivo de la Generalitat republicana. En respuesta a una pregunta parlamentaria de Esquerra Republicana, Pujol dijo que la decisión del Gobierno central no necesita ser sometida a la consideración del Congreso.