Los socios de PSV que han renunciado a su piso podrán recibir del Estado el 75% del dinero que han aportado

Los 4.500 dados de baja de PSV -aquellos socios que han renunciado a obtener un piso y exigen la devolución de su dinero- van a salir mejor parados que el resto de los acreedores de la cooperativa en suspensión de pagos. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha sido autorizado para comprar el 75% de la deuda de PSV con los socios excluidos, que asciende a 8.900 millones de pesetas. En suma, los dados de baja que acepten una quita del 25% recibirán su dinero sin necesidad de esperar tres años.En circunstancias normales los socios dados de baja tendrían que acudir a las juntas de acreedores. Las condiciones más probables que acordarán esas juntas serán una quita del 20% y un plazo de espera de tres años. Para los dados de baja que renuncien al 25% de sus aportaciones, será el ICO quien acuda como acreedor a las juntas y asuma ese plazo de espera en su lugar.

Ayudas a Valdebernardo

No sólo los socios dados de baja van a beneficiarse de las nuevas inyecciones de dinero público en la cooperativa de viviendas. El Consejo de Ministros aprobó ayer una aportación de 6.000 millones de pesetas en tres años para contribuir a la financiación de la promoción de Valdebernardo en Madrid. La gestión de Valdebernardo -la mayor promoción de PSV, con unos 3.000 pisos proyectados- corre a cargo de la sociedad estatal SEGISA, constituida ex profeso para ese propósito, y participada mayoritariamente por Obras Públicas y la Comunidad de Madrid.

Los 650 millones de capital social de SEGISA se quedan manifiestamente cortos en relación con el desfase patrimonial de Valdebernardo -cuyos pasivos superan a los activos en 1.320 millones- y con el déficit de tesorería previsto para los próximos tres años. Éste déficit, debido a que los pagos irán más rápido que los cobros, supone unos gastos financieros de casi 3.500 millones. Las nuevas ayudas pretenden paliar estos desfases. El frente judicial del caso PSV sigue entretanto su curso. Los abogados defensores de UGT, del exsecretario de finanzas del sindicato Paulino Barrabés y del exgerente de PSV Carlos Sotos solicitaron ayer a la Audiencia Nacional que rebaje la fianza, de 42.000 millones, que el juez Miguel Moreiras impuso a la cooperativa y al sindicato en concepto de responsabilidad civil subsidiaria. El abogado de UGT, José Manuel Chinchilla, adujo que el sindicato no se considera responsable civil y advirtió que un eventual embargo de los bienes de UGT supondría un perjuicio "no justificable" al derecho de libertad sindical.