Admitida a trámite una querella de Los Verdes contra Biomédica

El Juzgado de Instrucción número 2 de León ha admitido a trámite una querella del grupo ecologista Los Verdes contra Frank Wilbourne, el supuesto presidente de Biomédica. Esta empresa, de origen incierto, solicitó instalarse en la capital leonesa con varias factorías y obtuvo de la Junta de Castilla y León el compromiso de 2.400 millones de pesetas en subvenciones a fondo perdido y del Ayuntamiento terrenos gratuitos sin que, hasta el momento, haya nada concreto salvo una primera piedra, colocada hace dos años. En la denuncia se acusa al portavoz de Biomédica de un presunto fraude a la Hacienda Pública, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas.Mañana, miércoles, se ampliará la demanda judicial, la primera existente, en base a ciertas anomalías detectadas por Los Verdes en sociedades del holding, tales como su inactividad y la falta de claridad en su capacidad de negocio y fines sociales, según Ramiro Pinto, miembro de Los Verdes de León. Este colectivo inició sus investigaciones sobre Biomédica en 1992, cuando recogió con cautela el optimista anuncio de la Junta sobre la llegada de esta firma a León. Los Verdes exigieron un estudio de evaluación del impacto ambiental de las supuestas factorías. Tras una modesta, pero paulatina, investigación del grupo, que llevó a determinar que Biomédica no se encontraba inscrita en Estados Unidos, se llegó a comprobar que era en Curagao (Antillas Holandesas y paraíso fiscal) donde estaba registrada, con un capital social de 12 millones de pesetas.

Los Verdes estiman que no hubo tal engaño en todo el proceso de promesas incumplidas sobre la instalación de Biomédica en León, sino "cierta complicidad y un fin de blanqueo de dinero recíproco", aunque, por ahora, se desconocen los protagonistas, indica Pinto.

Según Los Verdes, el Ministerio de Justicia de Curagao ha abierto una investigación al respecto ante la desproporción de una subvención prometida por una comunidad autónoma española a una empresa con un escaso capital. Las Cortes de Castilla y León, el Ayuntamiento de León y formaciones ciudadanas avaladas por UGT mantienen abiertas comisiones de investigación sobre la fallida instalación de Biomédica.