Ruíz-Mateos y el Constitucional

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cambiado la proporción entre los informes favorables y desfavorables, siempre no vinculantes, a las reclamaciones de indemnización al Estado por anormal funcionamiento judicial. Desde hace años, la mayoría de los informes es favorable, mientras. que en los últimos cuatro meses, de 37 casos analizados, 14 fueron informados en contra y 23 a favor. De éstos destaca la reclamación del empresario José María Ruiz-Mateos, que pidió dos billones de pesetas. El CGPJ estima que el retraso del Tribunal Constitucional, "a instancia de la parte" no constituye anormal funcionamiento judicial.Ruiz-Mateos pidió dos billones de pesetas, "más intereses legales" por las dilaciones indebidas en la tramitación por el Tribunal Constitucional de las cuestiones planteadas en relación con la expropiación de Rumasa en 1983. El CGPJ reconoce la duración excesiva del procedimiento, pero no que Ia intervención del Tribunal Constitucional, a instancia de la parte [Ruiz-Mateos]" sea anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, por no formar parte del poder judicial el alto tribunal. Otras 22 reclamaciones son también informadas en contra por el CGPJ. Una de ellas la formuló Joaquín González López, que pidió 1.500 millones de pesetas por considerar que el "escándalo social" originado tras ser detenido en 1992 durante dos días, por orden del juez Miguel Moreiras, y presentado ante la opinión pública "como el cerebro de la red de tráfico de datos informáticos", aunque fue "un montaje", terminó "con su negocio y patrimonio y hoy tiene que vivir en un piso de alquiler". El CGPJ estima normal el funcionamiento judicial y resalta el "interés general" de las noticias difundidas.