México aplica a los ilegales del sur las mismas medidas que ha aprobado California
Las autoridades y los medios de comunicación mexicanos miran hacia el Norte: la aprobación de la Propuesta 187 generó miedos y críticas. Vedar el acceso a las escuelas y hospitales públicos a los trabajadores indocumentados ha sido calificado como una medida racista, xenófoba y antimexicana. Pero en la avalancha de pronunciamientos en contra del gobernador electo de California, Pete Wilson, políticos, escritores y artistas olvidaron la frontera sur, donde las deportaciones de centroamericanos son diarias.
Lo mismo que los problemas con los documentos. migratorios para los refugiados que llevan más de diez años en México. Sus hijos tampoco van a la escuela. Ni siquiera tienen actas de nacimiento, a pesar de que vinieron al mundo a este lado de la frontera."Criticamos la Propuesta 187 mientras aplícamos las mismas medidas en México", denuncia Felipe Arismendi, obispo de Tapachula, cuya diócesis acoge a indocumentados centroamericanos y les ofrece albergue y comida. Malos tratos, despojo de pertenencias o deportaciones a pesar de los documentos, forman parte de la cotidianeidad de los centroamericanos que intentan alcanzar la soñada frontera del Norte o buscarse la vida en México.
Arismendi subraya que las mayores vejaciones sufridas por los ilegales ocurren en la misma frontera: bandidos centroamericanos y mexicanos interceptan a los inmigrantes, violan a sus mujeres, golpean a los hombres y les roban el dinero ahorrado para el camino. "Intervenimos varias veces pidiendo a la policía que detenga los asaltos", dice Arismendi, "pero la situación no ha mejorado".
Unos 200 centroaméricanos son deportados diariamente a través de la frontera sur, según datos oficiales. La mayor parte de los deportados en los últimos dos años han sido hondureños, según el prelado. La situación de los indocumentados guatemaltecos es más compleja aún que la de los mexicanos en Estados Unidos, una emigración netamente económica.
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