Retrato en negro

EL RETRATO que la comisión Rubio ha dibujado del ex gobernador del Banco de España no puede ser más negro: participación encubierta en operaciones especulativas, utilización de su cargo en beneficio propio y de sus parientes y amigos, incumplimiento de sus obligaciones fiscales, haber mentido recurrentemente al Parlamento... El dictamen final, que mañana será debatido en el Pleno del Congreso, ha sido unánime en este aspecto.Las divergencias, como era previsible, se han manifestado a la hora de determinar las responsabilidades políticas de terceras personas. La línea divisoria que separa a las diversas fuerzas políticas en el escenario nacional se ha trasladado -al igual que ha ocurrido en la que investiga el caso Roldán al seno de la comisión. La mayoría (PSOE y CiU) mantiene que las responsabilidades políticas no van ' más allá del nivel del propio ex gobernador. El Partido Popular e Izquierda Unida se han quedado en minoría en su intento de proyectar esas responsabilidades hacia quienes nombraron y mantuvieron en el cargo a Mariano Rubio.

La discusión principal ha girado en torno a Carlos Solchaga, ministro de Hacienda cuando sucedieron los hechos. El argumento de la mayoría de la comisión es que la decisión de no destituir a Mariano Rubio en 1992, cuando aparecieron las primeras informaciones sobre el caso, estuvo justificada: porque faltaba DOCO tiempo Dará que finalizara su mandato y porque, a la vista de la información de que se disponía en ese momento, resultaba imprudente un cese que hubiera afectado negativamente a la imagen del Banco de España.

Este argumento puede ser aceptable sólo a condición de añadir que los hechos posteriores han demostrado que el descrédito producido por mantenerle en el cargo ha resultado mucho mayor. Así debió de entenderlo el propio ex ministro al presentar su dimisión como portavoz y diputado socialista, asumiendo así las responsabilidades políticas del asunto. Atribuir a Solchaga responsabilidades por el nombramiento sería algo forzado: nada en la biograflia y trayectoria de Mariano Rubio como funcionario -fue nombrado subgobernador por un Gobierno de la UCD- inducía a desconfiar de su honestidad.

Pero existe una obvia responsabilidad objetiva en el - mantenimiento de Rubio como gobernador. No porque Solchaga conociera sus negocios y manejos, sino porque pudo haberlos conocido, investigando con diligencia, como se comprometió a hacer cuando aparecieron los indicios. Y esa investigación, o no se hizo, en cuyo casó la responsabilidad política sería indiscutible; o se hizo mal, pues en caso contrario se habrían detectado los hechos que hoy se conocen. Luego existe una responsabilidad política que la comisión debía haber constatado. Y si de ello no se extraen consecuencias es precisamente porque Solchaga se adelantó a asumir esa responsabilidad de la única manera que cabe hacerlo: dimitiendo de sus cargos. Pero eso es distinto de afirmar, como hace la comisión, que se abstiene de atribuir responsabilidades al ex ministro de Economía y Hacienda porque su dimisión lo hace innecesario.

La comisión establece otro hecho que refuerza todavía más la pertinencia de exigir responsabilidades políticas: que las conductas privadas de Rubio no pueden separarse de su condición de gobernador. Esto no sólo destruye su coartada de que pudo ser un mal ciudadano pero fue un fiel funcionario, sino también la pretensión de esquivar la responsabilidad in vigilando de quienes lo mantuvieron en el cargo con el argumento de. que sus supuestos actos ilícitos fueron independientes de dicho cargo público.