El Congreso podrá investigar sin secreto bancario y fiscal

El Consejo de Ministros adoptó ayer las dos primeras medidas legales contra la corrupción del bloque que aprobó el Congreso en el pasado debate sobre el estado de la nación. La primera medida afecta a la propia comisión Roldán, que desde la próxima semana podrá acceder a las declaraciones de renta y patrimonio y a las cuentas bancarias del ex director general de la Guardia Civil. El Gobierno ha modificado por medio de un real decreto la Ley General Tributaria para que las comisiones de investigación parlamentaria puedan acceder, sin mandato judicial previo, a las cuentas bancarias y datos de la renta y patrimonio de responsables políticos y altos cargos de la Administración o de empresas públicas, siempre que sea necesario para esclarecer los hechos investigados.El Gobierno adujo el secreto bancario y fiscal establecido por dicha ley para negar recientemente a la comisión Roldán los datos que ésta había requerido sobre el ex responsable del instituto armado. El que el cambio se haga por real decreto permitirá su entrada en vigor el 3 de mayo, el mismo día de su publicación en el BOE. Izquierda Unida anunció ayer que en esa misma fecha reclamará las cuentas y el patrimonio del ex director del cuerpo.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al PP por que algunos de sus dirigentes defendiesen la necesidad del permiso judicial previo para levantar el secreto bancario. "Hay quien de esto ha hecho un viaje de ida y vuelta, porque ha acusado al Gobierno de incumplir su compromiso con los ciudadanos de investigar a fondo por no enviar las cuentas [de Luis Roldán] y, a continuación, ha pretendido limitar la eficacia de la medida que en el Parlamento se aprobó", añadió. Rubalcaba defendió que la actitud del Gobierno en este asunto ha sido "una lección de coherencia para quien va y viene con demasiada alegría en estos ternas".

La segunda medida para frenar los escándalos aprobada ayer por el Ejecutivo es un proyecto de ley que crea una fiscalía especial contra los delitos económicos y la corrupción, inspirada en la actual fiscalía antidroga. A su frente se hallará un fiscal jefe especializado en cuestiones económicas.

La puesta en marcha de este organismo tardará aún unas semanas, después de que el Gobierno enviase ayer el texto al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal para sus preceptivos informes. Tras ello, el Ejecutivo lo enviará al Parlamento en la confianza de que su trámite sea breve.

El proyecto, que modificará el estatuto orgánico del Ministerio Público, no tipifica delitos, sino que se limita a un cambio funcional para crear un órgano específico en la Fiscalía.