Sectores pro-Jurado quieren extender su competencia a violaciones y otros delitos

La ampliación del juicio del Tribunal del Jurado a la violación y otros delitos será una de las cuestiones que plantearán algunos de los cerca de 30 juristas que se reunirán esta tarde en El Paular (Madrid). Entre los asistentes figuran altos cargos del Ministerio de Justicia, que convoca la sesión, y representantes de asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados y catedráticos. Uno de los aspectos más discutidos será la exclusión de algunos delitos, entre ellos los que atentan a la libertad sexual, en el borrador de la futura ley.

El presidente de la Asociación Pro-Jurado, Gustavo López-Muñoz, defenderá "un catálogo mínimo de delitos" en el que, además de los incluídos en el borrador de anteproyecto de ley -homicidio en todos sus grados y varios de los delitos cometidos por los funcionarios-, propondrá que el jurado juzgue las violaciones y secuestros con resultado de muerte o lesiones muy graves.El abogado López-Muñoz pedirá también que se incluya la calumnia y la difamación con publicidad y los delitos contra la seguridad colectiva, tales como incendios provocados, daños y estragos o contra la sanidad pública, siempre que tengan grave repercusión social.

El magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, portavoz de Jueces para la Democracia, uno de los colectivos más representados en el encuentro, coincide con López-Muñoz en que su asociación defenderá que se amplíe el catálogo de delitos a juzgar por el jurado a "aquellos en los que es más necesaria la sensibilidad social". Además de la violación y otros delitos contra la libertad sexual, Jueces para la Democracia propondrá que se incluyan los delitos de desacato, aborto y torturas.

Menos coincidencia hay sobre el delito de prevaricación judicial [dictar resolución injusta a sabiendas]. Mientras Jueces para la Democracia amparará el criterio del ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de excluir tal delito por su complejidad técnica, López-Muñoz niega que la prevaricación sea "un delito imposible para el Tribunal del Jurado" y atribuye su exclusión "a las presiones de los jueces". La controversia promete avivar el debate.

Jueces para la Democracia planteará, según su portavoz, el riesgo de que "se aproveche una ley del Jurado para potenciar el papel del fiscal en la investigación, de modo que la monopolice y resulten limitadas las diligencias que puedan solicitar las otras partes".

El magistrado Conde-Pumpido estima especialmente peligroso tal papel del fiscal si se tiene en cuenta que muchos de los delitos que juzgará el Tribunal, del Jurado son cometidos por funcionarios.

Absolución y condena

El presidente de la Asociación Pro-Jurado confiesa que lo que menos le gusta del borrador es "que establezca una mayoría diferente para la absolución y para la condena" [más votos para condenar que para absolver]. Lopez-Muñoz estima que debe exigirse "la misma mayoría" y defenderá hoy "que no se renuncie a la unanimidad, si bien, tras intentarla sucesivamente, se puede establecer la validez del veredicto por una mayoría cualificada", como figura en el texto remitido a Justicia por su asociación.López-Muñoz se muestra de acuerdo con que la futura ley del Jurado obligue a someterse a él a los ciudadanos que estén acusados de determinados delitos. Explica la diferencia con Estados Unidos, en donde el jurado es opcional, en que "en el derecho anglosajón el jurado es un derecho del inculpado, mientras que nuestra Constitución lo configura como un derecho de la sociedad".