Tres opciones

La hipotética intervención del Gobierno en la cooperativa de viviendas PSV no es incompatible con el papel del juez en la suspensión de pagos decidida por sus gestores. Así al menos se considera en el departamento del Ministerio de Trabajo encargado de las cooperativas, el Instituto de Fomento de la Economía Social (INFES).

El Gobierno puede optar por tres niveles de intervención, ninguno de los cuales obstaculizaría el papel del juzgado ni el de los interventores designados por éste para controlar la suspensión. El primer nivel con templa el nombramiento de funcionarios para convocar y supervisar una asamblea de los cooperativistas. El segundo nivel prevé el nombramiento de funcionarios para validar los acuerdos societarios de los órganos de control de la cooperativa de viviendas, incluida la asamblea de socios.

El tercer y último nivel consiste en la supresión del consejo rector de la cooperativa, e incluso de la asamblea general de cooperativistas y su sustitución por administradores del Gobierno.

El papel del juez en la suspensión de pagos consiste, por su parte, en el nombramiento de tres interventores que examinarán las cuentas presentadas por la sociedad y aconsejarán sobre su admisión o no. En el caso de que se admita la suspensión, los interventores del juzgado supervisarán las operaciones comerciales: cobros, pagos o ventas de bienes.

Según fuentes de la Administración, con la suspensión de pagos, el papel del juez garantiza el control de la cooperativa, por lo que la ausencia de dicho control no sería causa de intervención. Sin embargo, puntualizan las mismas fuentes, "en el caso de que se esgrimiera un posible desastre societario por razones diversas, como pudiera ser la desconfianza de los socios en los órganos de decisión de la cooperativa" cabría la intervención.