El Gobierno británico considera la lucha contra el crimen su máxima prioridad

La soberana británica, la reina Isabel II, dio a conocer ayer el programa legislativo del Gobierno conservador en el discurso tradicional de la corona. Ley y orden encabezan la lista de prioridades del Ejecutivo que preside John Major, objetivo que ya fue enunciado durante la reciente conferencia anual de su partido. También figura en el texto un programa moderado de privatizaciones de empresas públicas.Luciendo la corona real del Estado ante la presencia de los lores, diputados y representantes extranjeros, la soberana enumeró un total de 13 propuestas gubernamentales en su discurso anual, que marca el comienzo de la nueva legislatura.

La abolición del derecho a no responder para los acusados y la prolongación de las sentencias contra los jóvenes de 15 a 17 años se incluyen en el proyecto de ley de justicia criminal que se debatirá en el Parlamento en las próximas semanas.

El programa de privatizaciones, pilar de la política de la administración Thatcher, se verá reducido al mínimo en la presente legislatura. Según anunció la reina, el Ejecutivo presentará al Parlamento las medidas necesarias para privatizar la industria del carbón, que ha sufrido una radical reconversión.

Sin embargo, la privatización de la red de autobuses de Londres y del servicio de correos ha sido excluida de las propuestas legislativas.

El programa del Ejecutivo destaca no tanto por sus medidas políticas como por su objetivo latente de lograr la unificación del Partido Conservador. Prometiendo endurecer las sanciones judiciales, Major satisface al ala derechista de su partido, pero podría alienar a los conservadores moderados. "No ganaremos las elecciones con un Partido Conservador orientado hacia la derecha", aseguró ayer la diputada Emma Nicholson, representante de los conservadores moderados.

El laborista John Smith, jefe de la oposición, denunció los "vacíos" de la propuesta gubernamental. Según él, el Gobierno debería "combatir las causas del crimen", y no sólo aumentar las penas judiciales.