El Consorcio de Realojamiento debe readmitir a los 32 despedidos

El Juzgado de lo Social número 1 ha dado un varapalo al Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada y a su comité de empresa, con mayoría de CCOO, por el despido de 32 empleados en una regulación efectuada en julio, que afectó al 33% de su plantilla de 99 trabajadores.La magistrada Ana Fernández Valenti ha fallado que este organismo público, integrado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, debe readmitir a estos empleados, que, según la sentencia, "han visto violada su libertad sindical".

Los despedidos, todos independientes y de UGT menos un afiliado a CC OO, impugnaron su expulsión alegando que se les había incluido en la lista por no pertenecer a Comisiones y a la Asociación Desarrollo Gitano.

Según ellos, "el comité de empresa -formado por tres miembros de CC OO y dos de UGT dio al gerente del Consorcio, entonces recién nombrado, una lista de trabajadores a no despedir, que coincidía con los afiliados a CCOO, con una parte de los afiliados a UGT, los miembros del comité de empresa y sus. amigos".

Los puestos de trabajo suprimidos son: 4 coordinadores, un asesor, 3 trabajadores sociales, 15 maestros, 3 educadores-animadores, 3 administrativos y 1 botones.

El gerente de este organismo, Julio Fernández Mato, no pudo ser localizado ayer por este periódico. El presidente del comité de empresa, Gabriel Martínez, niega que se haya tenido en cuenta ninguna afiliación para los despidos. "Para empezar, nosotros no fuimos quienes confeccionamos la lista, simplemente tuvimos que firmar 32 despidos porque días antes se hablaba de echar al doble", explica.

Ninguna firma más

"La disyuntiva era: mantener el programa del Consorcio y aceptar los despidos o ver cómo las instituciones dejaban de mantener este organismo", añade Martínez.

"No vamos a firmar ningún otro expediente porque el Ayuntamiento y la Comunidad no han cumplido lo acordado, falta por poner el dinero para los realojamientos", concluye. El comité se plantea emprender acciones legales contra la acusación de discriminación sindical.

La sentencia obliga al Consorcio a reponer a los afectados a su situación anterior a la firma del acuerdo entre la dirección y el comité de empresa para la regulación.

Y, además, deben ser indemnizados por los daños causados. La regulación fue exigida por el Ayuntamiento y la Comunidad, que costean esta entidad, dedicada al realojamiento de chabolistas y al trabajo social en los asentamientos.