Collado formaliza su dimisión como presidente de Murcia en un escrito sin explicaciones

Un funcionario entregó ayer, a las nueve de la mañana, en el registro de la Asamblea Regional de Murcia el escrito en el que Carlos Collado dimite como presidente del Gobierno autónomo. El escrito, en el que escuetamente se dice que renuncia con arreglo a la Ley del Presidente, no aporta ninguna explicación sobre las causas de la dimisión. Le sustituirá María Antonia Martínez, la primera mujer que asumirá la presidencia de una autonomía.Collado anunció el jueves su dimisión después de que la ejecutiva regional socialista le conminara a hacerlo. El enfrentamiento de Carlos Collado y el aparato regional del PSOE se remonta a diciembre de 1990, cuando aquél resultó derrotado en el octavo congreso del PSOE de Murcia. Desde entonces, las relaciones entre el partido y el Gobierno han sido difíciles, aunque públicamente siempre se intentó restar importancia a esos enfrentamientos.

Ahora se abre un periodo de 10 días en el que se desarrollarán los trámites parlamentarios de propuesta de candidatos, convocatoria y celebración del pleno de investidura. La vicepresidenta de la Cámara, María Antonia Martínez, será con toda probabilidad la candidata del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta. Durante este periodo, el consejero de Hacienda Juan Martínez Simón, asume interinamente la presidencia de la comunidad autónoma.

Mientras, el partido y Collado siguen pendientes de la resolución de los tribunales sobre la querella de Izquierda Unida sobre el asunto Casa Grande. Esta

coalición se querelló, en febrero de 1992, contra el Consejo de Gobierno por presuntas irregularidades en la adquisición de los terrenos de la finca Casa Grande, que la Administración se comprometió a ceder a la empresa General Electric como incentivo a la construcción de un complejo de fabricación de plásticos.

Los beneficios teóricos conseguidos por la empresa vendedora de la finca, Ferrovial, de 1.500 millones de pesetas, y el proceso administrativo para su adquisición, con denuncias por el presunto delito de información privilegiada, fueron estudiados por la comisión de Economía de la Asamblea Regional, que remitió la documentación al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.