Barbero paraliza la investigación del "caso Filesa" hasta conocer la situación de Sala y Navarro

El juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero, paralizó ayer toda actuación en la investigación de la presunta financiación irregular del PSOE hasta que se clarifique si el Tribunal Supremo conserva la competencia para enjuiciar a Carlos Navarro y Josep Maria Sala, dado que ambos han perdido su condición de parlamentarios, pero el segundo conserva su fuero como diputado catalán. Como primera medida, el juez Barbero suspendió la ratificación del informe de los peritos de Hacienda, prevista para mañana.

En dicha comparecencia los peritos deberían contestar a las aclaraciones que les pidieran el fiscal y las demás partes, aclaraciones que tendrían el mismo valor que el informe presentado. Pero tras la suspensión del acto, fuentes de la defensa indicaron que un informe pericial sin ratificar "no tiene valor probatorio".Por su parte, la Sala Segunda del Supremo acordó dirigir sendos oficios al Congreso y al Senado, por conducto de la Presidencia del Tribunal Supremo, para preguntar si Navarro y Sala forman parte de la Diputación Permanente (órgano que asume las facultades de cada Cámara cuando éstas han sido disueltas), único caso en que mantendrían su condición de parlamentarios.

Como Carlos Navarro ha sido sustituido como suplente de la diputación del Congreso y no se presentará a las elecciones y Sala también ha perdido su condición como senador, a todos los efectos, la Sala Segunda deberá plantearse su competencia a vuelta de correo. Previsiblemente, pedirá informes al fiscal y a las demás partes sobre si la causa debe ser remitida o no al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en razón de que Josep Maria Sala sigue siendo parlamentario catalán.

Según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, si los delitos atribuidos a Sala hubieran sido cometidos en Barcelona, la competencia correspondería al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma. Esa parecía ser ayer la tesis dominante en el Tribunal Supremo, dado que una fuente muy próxima a la instrucción indicó que la vinculación de Josep Maria Sala con Time Export tuvo su origen en Barcelona.

Pero razones de orden práctico hacen que subsista la duda de si el Supremo remitirá finalmente la causa a Barcelona, dado que Sala puede volver a ser acreditado como senador del Estado por el Parlamento catalán tras la celebración de las elecciones. En tal caso, los 200.000 folios del proceso deberían viajar a Barcelona y ser devueltos al Supremo en el plazo de menos de tres meses.

La cuestión será estudiada en una reunión del próximo lunes en el Tribunal Supremo en la que se abordará la situación en la que quedan todas las causas especiales contra aforados. La intención predominante en el alto tribunal es que las causas en las que los aforados han dejado de serlo sean devueltas a sus jurisdicciones de origen. En tal caso, el proceso contra el senador Iñigo Iruin volvería a la Audiencia Nacional.