La justicia no puede con la ORA; los conductores sí

Las reiteradas sentencias de los tribunales no pueden acabar con la ORA. El Gobierno municipal se empeña en mantenerla confiado en su legalidad, pero otra cosa es la realidad. La ORA está prácticamente muerta porque los conductores hace tiempo que dejaron de pagar por aparcar en su área de influencia. Además, el Ayuntamiento es incapaz de cobrar más de seis multas de cada 1.000 que impone, y para colmo, la plantilla de controladores es tan escasa que hay rutas que se vigilan una vez a la semana.

Y queda la guinda. Según Eugenio Morales, concejal socialista, los controladores notifican las sanciones con boletos manipulados. Los trabajadores tienen que corregir a mano la numeración de los boletines por un error de impresión.Este asunto, según Morales, invalida la sanción debido a que se ha alterado un documento público. Además, el concejal comenta que estas manipulaciones están creando muchos problemas a los controladores por las protestas de los conductores sancionados.

La manipulación irregular de los boletos, según la califica el Grupo Socialista, viene a empeorar la dramática situación de la ORA, que nació hace doce años para regular el aparcamiento en el centro y que ha caído en casi total desuso. Por ejemplo, de cada 100 horas de de posible pago, sólo se adquieren boletos para abonar 120 minutos.

La caída en la venta de boletos es espectacular. En el primer mes de 1992 se vendieron 370.000, y el año se cerro con 217.000, un descenso del 70%.

Distinta es la curva de la venta tarjetas para los residentes, que asciende cada año a pesar de que no hay plazas para todos. En la zona regulada por la ORA existen 45.000 huecos para aparcar y el Ayuntamiento ha repartido este año 52.000 distintivos a los vecinos. 7.000 residentes, pues, no tienen plaza aunque hayan pagado por ello. Este déficit es especialmente grave en los barrios de Arapiles (hay un 80% más de residentes que de plazas), Ibiza (66%) y Sol y Palacio (35%).

Pero no es problema aparcar mal. Según los datos de Morales, el Ayuntamiento sólo procesa 7.500 de las 20.000 multas que se imponen diariamente y apenas llega a cobrar seis de cada 1.000. Tampoco hay muchas posibilidades de que un controlador de la ORA denuncie un vehículo infractor. Con la plantilla actual, que se ha ido reduciendo cada año, la mitad de las rutas se recorren una vez al día, y el resto, en una ocasión cada dos o tres días, e incluso una semana.

Sin embargo, los tribunales no acaban de rematar a la ORA. El Ayuntamiento considera sin fundamento la última sentencia del Tribunal Superior, de febrero de 1993, que declara el sistema no ajustado a derecho. El gobierno municipal asegura que la sentencia hace referencia a una situación anterior a la Ley de Haciendas Locales, donde ya se establece que la ORA es un precio público y no un servicio.