Las eléctricas tendrán un periodo transitorio indefinido para separar sus actividades

Las compañías eléctricas contarán con un "periodo transitorio indefinido" para separar jurídicamente las distintas actividades que realizan (producción, distribución y comercialización) y crear sociedades distintas para cada caso, según se contempla en el último texto de la ley de bases del sector eléctrico que ayer aprobó la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. La ley también recibió ayer el informe favorable del Consejo de Estado, pero el Consejo de Ministros no tiene previsto aprobarlo hasta el próximo viernes.La separación de actividades está contemplada en la ley, ya que exige que la producción de electricidad, la distribución y la comercialización la realicen diferentes empresas, aunque tengan el mismo accionista. Por ello, las eléctricas, que en la actualidad agrupan las tres actividades en una misma unidad jurídica, están obligadas a crear distintas sociedades. Esta circunstancia generó la oposición de los empresarios, que ahora han visto medianamente satisfechas sus peticiones al contar con tiempo suficiente para hacer la separación jurídica.

El Gobierno, no obstante, determinará el periodo que limite la separación mediante la promulgación de un real decreto previa consulta a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), de nueva creación, que regulará el mercado.

Otra novedad del último texto de la ley es la exigencia a las comercializadoras a desembolsar íntegramente 1.000 millones de pesetas para constituir el capital social. Esto da ventaja a las actuales compañías eléctricas, ya que los nuevos operadores que quieran entrar en la cornercialización deberán reunir ese capital. Además, las nuevas comercializadoras deberán tener el informe favorable de la CNSE.

Las eléctricas han dejado de oponerse a la la figura de la Corporación de derecho público que contempla la ley. Esta corporación se encargará de recibir la energía producida por las empresas generadoras y de vendérsela a las comercializadoras. Estas empresas serán las que nombren los miembros del consejo de esa Corporación, en la que habrá un delegado del Gobierno.