La oposición defiende que el Banco de España esté sujeto al control del Gobierno o del Parlamento

Todos los grupos de la oposición criticaron ayer en el Congreso la falta de control por parte del Parlamento o del Gobierno que tendrá la política monetaria cuando el Banco de España sea independiente a partir del próximo enero, según el proyecto de ley de autonomía del banco emisor. La oposición también criticó -durante el debate de totalidad de la ley- que el Banco de España mantenga las competencias de supervisión bancaria. El debate se saldó con el rechazo a las dos enmiendas de totalidad presentadas por Izquierda Unida (IU) y el CDS, y la negativa del PSOE a que el proyecto vuelva a discutirse en pleno, con lo que las enmiendas sólo se verán en comisión y el proyecto pasará al Senado.

Las dos enmiendas de totalidad rechazadas ayer argumentaban que la autonomía del Banco de España significa, en la práctica, "la creación de un cuarto poder" que escapa a todos los controles democráticos, al no tener que rendir cuentas ni al Gobierno ni al Parlamento. IU y CDS, además, criticaron sin éxito la oportunidad del proyecto, pues consideran que el actual Gobierno "se ata las manos" desde el 1 de enero de 1994, antes de lo que exige el Tratado de Maastricht, aún sin ratificar en Reino Unido y Dinamarca.Los portavoces de ambos grupos, Ramón Espasa y José Ramón Caso, respectivamente, criticaron las prisas del Ejecutivo en que la autonomía sea efectiva desde enero porque consideran que "en un momento de recesión" no hay "ninguna urgencia" para anteponer la estabilidad de precios a otros objetivos de política económica, como el crecimiento económico o el empleo.

Espasa también criticó la autonomía con la que los altos cargos del banco emisor podrán fijar sus retribuciones y sus condiciones de trabajo. "Nos encontraremos con que quienes tienen como misión fundamental recordar que todos los males de la economía provienen del crecimiento de los salarios se pondrán unos sueldos muy superiores a los del propio Gobierno", afirmó. Desde el CDS, Caso añadió que "el Gobierno haría un flaco favor" a los actuales gobernador y subgobernador, Luis Ángel Rojo y Miguel Martín, si mantiene la disposición adicional que prorroga automáticamente sus mandatos. "Correrán el riesgo de quedar sometidos a cuestionamiento político porque se considere que el actual Gobierno ha dejado colocados a sus amigos".

Los restantes grupos, al expresar su opinión sobre el proyecto, se sumaron a la exigencia de que aumente el control informativo del futuro banco de España. El motivo es que el proyecto de ley de autonomía del Banco de España sólo obliga -en su artículo 5- a la autoridad monetaria a informar al Parlamento, sin que tal información implique, en ningún caso, control.

Francesc Homs, desde CiU, afirmó que "hay que intensificar la relación del Banco de España con las Cortes, pues no sólo debería informar sino también rendir cuentas". Emilio Olabarría, del PNV, añadió que esa relación debe responder a que "la política económica afecta a todos". Estas críticas fueron aún más acusadas desde IU, CDS y PP.

El Partido Popular dedicó la mayor parte de su intervención a criticar que el futuro Banco de España mantenga las actuales competencias de supervisión bancaria junto a su nueva potestad para fijar la política monetaria. Como solución, el PP propone un periodo transitorio de dos años con esta duplicidad de funciones, al término del cual el Gobierno decidiría si la supervisión debe mantenerse en el banco, pasar al Ministerio de Economía o trasladarse a un nuevo organismo. Los grupos CiU, CDS e IU fueron más allá y pidieron la automática separación de estos poderes.

El ministro de Economía, Carlos Solchaga, leyó un largo discurso en el que defendió la autonomía del Banco de España como esencial para "lograr la estabilidad de los precios". Solchaga reconoció, no obstante, que la lucha contra la inflación exige "cambiar hábitos de conducta" como los que rigen "el gasto público".