El Gobierno estudia un nuevo proyecto para indemnizar a víctimas de delitos violentos

El Gobierno volverá a estudiar en próximas reuniones un anteproyecto de ley de indemnización a las víctimas de delitos violentos, que hace dos semanas ya estuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros pero que fue retirado por diferencias acerca de "la filosofía" de la iniciativa", según explicó en su día Rosa Conde. En el Congreso, una iniciativa de este tipo la ha rechazado el PSOE en tres ocasiones, la última el pasado martes.El anteproyecto, redactado por el Ministerio de Justicia, establece las líneas generales para indemnizar a las víctimas de delitos violentos cometidos en España, excluyendo a las víctimas de bandas armadas o elementos terroristas, que tiene ya su propio cauce legal.

Se trata de un sistema de compensaciones, cuya cuantía no se fija en el anteproyecto, que el Estado se compromete a abonar a las víctimas de este tipo de delitos por los perjuicios derivados de lesiones corporales graves o daños graves para la salud, e incluso también indemnizaciones por fallecimiento.

Para solicitar estas indemnizaciones se fijan tres requisitos. Primero, que quede demostrado que como consecuencia del delito doloso violento se hubiese causado muerte, lesiones determinantes de invalidez permanente o incapacidad laboral transitoria por más de seis meses.

Segundo, que esas situaciones de invalidez o incapacidad hayan alterado "gravemente" las condiciones de vida de la víctima o de las personas a su cargo si hubo fallecimiento.

Por último, se especifica que los afectados no deben haber obtenido ninguna reparación o indemnización por cualquier otro medio o título. Quedan excluidos asimismo los delitos cometidos antes de entrar en vigor la ley.

Estas compesaciones podrán ser solicitadas por españoles o ciudadanos de la CE, por extranjeros de países extracomunitarios que tienen fijada su residencia en nuestro país y por cualquier otra persona que en su país de origen se reconocen estos mismos beneficios a los españoles.

La cuantía de las indemnizaciones queda pendiente de un reglamento que desarrolle los aspectos económicos de la ley. El anteproyecto establece también que la indemnización podrá ser reducida o denegada en caso de que la víctima o las personas a su cargo hayan participado en la comisión del delito, pertenezcan a una organización delictiva o se considere que la concesión es contraria a la equidad o al orden público.