El Gobierno cumple uno de los compromisos de González para combatir la corrupción

El Consejo de Ministros aprobó ayer la primera de las tres medidas contra la corrupción política prometidas por el presidente del Gobierno, Felipe González, durante el debate sobre el estado de la nación del pasado mes, de marzo. Con la luz verde a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Gobierno prohíbe la contratación de las diferentes administraciones del Estado con las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por diversas actividades fraudulentas. La ministra portavoz, Rosa Conde, otorgó ayer a esta decisión el calificativo de "políticamente básica".

El proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas contiene un detallado listado de requisitos para que las empresas contraten con la Administración. Entre los requisitos precisa que no podrán contratar con las administraciones públicas las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, por falsedad, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias (será tipificado en el próximo Código Penal), negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada o delitos contra la Hacienda.

Escándalos políticos

Estas medidas de endurecimiento del Gobierno ante la contratación aparecen estrechamente ligadas al fenómeno de la corrupción política, que ha emergido durante la última legislatura, tal y como admitió ayer la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde. Los escándalos políticos más recientes derivan de contrataciones irregulares con el Estado. Casos como el de Juan Guerra, por elegir el más conocido, y el ex director general andaluz Jorge Ollero, el más reciente, son muestra de ello.Ayer, la ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, manifestó que esta medida expresa "la firme voluntad del Gobierno de que nuestro ordenamiento jurídico se dote de un instrumento legal que garantice la máxima transparencia y objetividad en la contratación administrativa y no produzca desconfianza en la sociedad española". "Esta medida va a contribuir a desaparecer en la sociedad las sombras de duda que se han producido en España en la contratación de empresas con las administraciones públicas, añadió la ministra.

Con esta medida, el Gobierno cumple uno de los tres compromisos contraídos ante el Congreso de los Diputados por el presidente del Ejecutivo, Felipe González, durante el debate sobre el estado de la nación de los pasados 23 y 24 de marzo. En aquella ocasión, González se comprometió a prohibir por ley "que las empresas que participen en un acto irregular, judicialmente probado, no puedan volver a contratar con las administraciones públicas".

Felipe González se comprometió también a afrontar otras dos medidas contra la corrupción política, aún pendientes de cumplimiento seis meses después de su compromiso: la revisión del sistema de financiación de los partidos políticos y una severa disminución de los gastos electorales.

Reuniones de partidos

Ambas medidas han sido discutidas en varias reuniones celebradas en Madrid por delegaciones de alto nivel del PSOE, Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), sin cerrarse aún un acuerdo definitivo.En la última reunión, celebrada el pasado mes de junio, estos tres partidos coincidieron en la reducción drástica de los gastos de las campañas electorales y se aproximaron a la tesis de abrir la puerta a la financiación privada de los partidos.

El proyecto de ley pretende también simplificar el procedimiento de contratación y agilizar la adjudicación y ejecución de los contratos administrativos, prescindiendo de trámites o requisitos o reduciéndolos al mínimo indispensable, "respetando los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia", según afirma el texto aprobado ayer por el Gobierno.