El PP pide que el gasto público sea menor que los ingresos en 1993 y propone medidas de control presupuestario

El Partido Popular indicó ayer que los Presupuestos Generales del Estado para 1993 "deben ser restrictivos, es decir, que los gastos sean inferiores a los ingresos", según explicaron los diputados Ramón Aguirre y Manuel Núñez en una conferencia de prensa. Aguirre y Núñez, que serán los ponentes del Grupo Parlamentario del partido conservador en los debates presupuestarios, anunciaron también que el PP propondrá la introducción de una serie de requisitos "para que exista un rigor en el cumplimiento de los presupuestos".

La propuesta consta de cuatro puntos básicos:

- El articulado de los Presupuestos no puede ser un instrumento legislativo.

- Los créditos deben dedicarse a las finalidades para las que se aprueban en el Parlamento, y no desviarse a otras.

- Limitar la capacidad de incremento de los créditos y transferencias dentro de las diferentes partidas presupuestarias.

- Función fiscalizadora previa a la ejecución de los gastos y que se limiten los pagos por anticipación de los compromisos.

"De no introducir estas medidas de rigor presupuestario", apuntó Aguirre, "estaremos ante unos presupuestos que van a estrangular la realidad económica Y serán falsos y expansivos".

Sobre la elaboración de dichos presupuestos, los diputados populares subrayaron que "la crisis con que nace 1993 está provocada por los desequilibrios internos, con problemas que, son de aquí y que hay que resolver aquí". Ante eso, proponen que la Administración haga unos presupuestos restrictivos y no expansivos, cuestión en la que "a la vista de las primeras cifras que se están manejando no parece qué sea así". Los representantes del PP también reseñaron la necesidad de poner coto a la deuda pública como una de las formas de atajar el gasto.

Empleo público

Sobre la forma de obtener más ingresos, Aguirre manifestó que su partido teme que el Gobierno lo haga por la vía de aumentar los impuestos especiales y anunció que el PP propone la privatización de empresas públicas y otros servicios públicos. En el primer caso -las empresas mediante la venta, y en el segundo -los servicios- mediante la privatización de la gestión. Tampoco están de acuerdo en congelar la retribución de los funcionarios y sí en congelar la oferta pública de empleo para 1993.La ofensiva del PP se plasmará en la petición de comparecencia de todos los ministros de los departamentos gastadores "con el fin de conocer la ejecución del presupuesto" y del secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, para que exponga el plan de regulación de la deuda de la Seguridad Social y el Inem. Por otra parte, el PP interpeló ayer al Gobierno sobre la morosidad de la Administración con empresas privadas.