Un fiscal dice que la policía usa poco la 'ley Corcuera' porque "le crea problemas"

El fiscal Carlos Fidalgo señaló ayer en el primer juicio que se celebra en España contra unos detenidos por aplicación de la denominada ley Corcuera que "la policía hace muy poco uso de esta ley porque no le plantea más que problemas, como ha dicho un agente en el juicio, y se los plantea a los demás".La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid dejó ayer visto para sentencia el juicio contra los guineanos Ansumane Sumare y Mamadu Balde, para los que el fiscal pidió cinco años de prisión para cada uno, mientras que su abogado defensor, Javier Díaz Aparicio, solicitó la absolución y que la sala plantee la cuestión de inconstitucionalidad de la ley Corcuera, informa Efe.

Los dos acusados fueron detenidos sobre las cuatro de la madrugada del pasado 5 de abril a la salida de unos apartamentos de la calle de José Marañón de Madrid y a uno de ellos se le ocuparon ocho bolsitas de heroína. A continuación, los agentes encontraron otros 50 gramos de la misma sustancia en el apartamento de los guineanos, donde entraron en aplicación del artículo 21 de la ley Corcuera, que permite los registros sin autorización judicial en caso de flagrante delito de narcotráfico.

El fiscal Fidalgo estuvo plenamente de acuerdo en la forma de actuación de los agentes, pertenecientes a la comisaría del distrito de Chamberí, y pidió a la sala "que no entre" en el recurso de inconstitucionalidad solicitado por el defensor de los encausados.

Las dudas de un juez

Por su lado, el abogado Díaz Aparicio denunció falsedad en los testimonios de los policías. y estimó que éstos realizaron el registro de la vivienda de forma indebida, puesto que no concurre la circunstancia de flagrancia. "Llamaron a su jefe, para cubrirse, y si tuvieron tiempo para pedir la autorización de su superior, también lo tenían para solicitar el permiso del juez", añadió el letrado.

La vista oral celebrada ayer estuvo precedida de la polémica suscitada por los planteamientos del juez instructor del caso, Ramón Sáez Valcárcel, que en el auto de conclusión del sumario consideraba "difícil tomar como prueba el registro realizado en la vivienda de los guineanos. "Podían haber solicitado al juez de guardia la correspondiente autorización, sin merma de la eficacia en la actuación", sostenía el magistrado.

El juez estimaba que "el hallazgo y la ocupación de la droga, fuente y medio de prueba, se produce sin que se observen las garantías de la ley de Enjuiciamiento Criminal", por lo que "nos enfrentamos a un caso difícil".

Uno de los agentes que participó en la operación explicó que si esperaban la autorización del juez se corría el riesgo de que desapareciera la droga, ya que los vecinos se avisan entre sí cuando descubren la presencia de la policía.