Un marqués disputa el ducado de Hernani a la hermana del Rey
Francisco Javier Méndez Vigo, marqués de Átarce, ha demandado judicialmente a la infanta Margarita de Borbón y Borbón, hermana del Rey, a la que reclama el título de duque de Hernani. Doña Margarita acusa de "temeridad y mala fe" al demandante y asegura que su posesión del ducado de Hernani es completamente legal.
La demanda del marqués de Atarce fue admitida a trámite por el juez de primera instancia número 55 de Madrid, Ángel Vicente Illescas. El demandante, asesorado por el letrado Luis Alfonso Méndez de Vigo, recordaba que el título de duque de Hernani, con grandeza de España, fue concedido en 1914 a Manfredo Borbón y Bernaldo de Quiros, quien falleció, sin descendencia, en 1979, por lo que, siendo él "sobrino carnal de don Manfredo", le corresponde el título.El marqués de Atarce argumenta que, por el contrario, la infanta Margarita "ante la sorpresa general", asegura Méndez de Vigo, alegó haber sido nombrada sucesora en el ducado de Hernani en el último testamento de su primer titular. Entre otros documentos que para ello aportó la infanta, el demandante se refiere a una copia de un escrito del Ministerio de Justicia sobre un real decreto por el que el Rey le autoriza para que nombre sucesor. El demandante advierte que "no existe Boletín Oficial del Estado en el que aparezca el tal supuesto real decreto", por lo que deduce que el escrito del Ministerio de Justicia "es engañoso y falso, ya que se refiere a un documento inexistente".
En relación con esta demanda, el fiscal reconoce que el 10 de noviembre de 1977, don Juan Carlos dictó un real decreto por el que accedió a la petición del duque de Hernani y le autorizó a designar sucesor entre sus parientes que ostentasen, como él, el primer apellido Borbón. Pide que se desestime la demanda.
Un decreto ¿falso o válido?
En contestación a la demanda, la infanta Margarita, con la dirección letrada del catedrático de Derecho Civil Ramón López Vilas, alega que el Tribunal Supremo ya desestfiné el 24 de enero de 1986 la demanda contenciosoadministrativa de Méndez de Vigo contra las órdenes de Justicia que aplicaron el real decreto de 10 de noviembre de 1977. Argumenta que, a pesar de que el alto tribunal declaró en aquella fecha el real decreto "válido y eficaz, por ser conforme a derecho", el demandante insiste en atribuirle los calificativos de "supuesto", "engañoso" y 'Talso".En cuanto a la no publicación en el BOE, razona, que tal real decreto, por no tratarse de una disposición de carácter general acordada en Consejo de Ministros, sino de "una resolución, decisión o determinación del Jefe del Estado ( ... ) en asunto de su exclusiva y excluyente competencia", no exige la publicación en el BOE; "como tiene reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado", de la que aporta numerosas muestras. López Vilas pide, en consecuencia, al juez que desestime la demanda y condene al demandante.
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