Serra justifica el coste de la convergencia por el beneficio de estar en la unión económica

ENVIADO ESPECIAL El vicepresidente del Gobierno español, Narcís Serra, justificó ayer el coste político de algunos aspectos del programa de convergencia a la CE -especialmente los que afectan a las prestaciones sociales-, por las consecuencias perniciosas que tendría para España no estar en la Unión Económica y Monetaria. Serra explicó ante varios centenares de hombres de negocios y estudiantes de la universidad de Saint Gallen, en Suiza, que quedarnos fuera de la primera velocidad europea traería consigo "una cierta crisis de autoconfianza nacional y un clima poco propenso a la inversión por parte de las empresas".

Rodeado de un reducido grupo de empresarios españoles, el vicepresidente expuso la política europeísta de España. Afirmó que la integración en la CE ha sido el hilo conductor de la política del Gobierno socialista desde 1982 y diferenció tres fases en la gestión gubernamental. "Entre 1982 y 1986", dijo, "nos dedicamos a la consolidación definitiva del sistema democrático, a la lucha contra la crisis económica y a la consecución del objetivo de entrada en la CE. La segunda fase, que está a punto de concluir, ha estado marcada por un fuerte crecimiento económico".

Al referirse a la tercera fase, 1992-1997, Narcís, Serra repitió varias veces la palabra esfuerzo a la hora de definir lo que espera a España para poder asumir los retos de Maastricht y participar en la Unión Monetaria en 1997. Explicó los objetivos del plan de convergencia, español, "que será presentado el 9 de junio a la Comisión Europea y será discutido con ella", afirmó. Añadió que no se trata sólo de cumplir los requisitos fijados por la CE, "sino de superar el retraso histórico de nuestro país con respecto a los más avanzados".

Repitió el mensaje que viene diciendo el Gobierno en las últimas semanas de que se está haciendo lo que es necesario al margen de ideologías partidistas y añadió que "este espíritu permite explicar el hecho de que la reforma se inicie por medidas de control del déficit público, con independencia del coste político que puedan acarrear al incidir alguna de ellas en las prestaciones sociales".

Acuerdo sindical

En una posterior reunión informativa, Serra insistió en el reto que supone la convergencia con Europa, "para lo que necesitamos un acuerdo con los sindicatos y los empresarios y una movilización general de la sociedad en favor del proyecto de acercamiento a Europa, porque el esfuerzo tiene que ser de toda la sociedad".

El vicepresidente del Gobierno añadió que su mayor preocupación era precisamente cómo lograr ese acuerdo después de la huelga del 28 mayo, "aunque creo que hay tantas razones para marchar en una dirección coordinada hacia los países que constituyan la unidad monetaria, que hay que encontrar la fórmula para conseguir esos acuerdos". Serra lamentó las últimas declaraciones de Izquierda Unida en las que se oponen a los acuerdos de Maastricht, "porque se ponen en contra de la mayoría de los españoles". Y declaró: "me preocupa mucho más qué es lo que hemos de hacer después del día 28, que el propio 28-M.