Acción europea

LA RECIENTE reunión celebrada en Dresde -por primera vez en una ciudad de la antigua RDA- por los ministros de Exteriores de los Doce ha puesto de relieve discrepancias profundas. No es extraño si se tiene en cuenta que debían abordar la preparación de un nuevo tratado de la Comunidad Europea (CE), incorporando a su ámbito de competencias temas tan fundamentales como la política exterior y de seguridad y la coordinación entre los ministerios de Interior. Después de tres meses de debates técnicos en el seno de la conferencia intergubenamental sobre unidad política, los ministros se han ocupado por primera vez de los puntos más conflictivos. Si en 1985, el Acta Única mejoró aspectos de la CE y la completó en algunos puntos, ahora el plan es más ambicioso: se trata de preparar una Comunidad que, simultáneamente con la implantación del mercado único, desborda su marco económico inicial y toma rumbo hacia una articulación política que permita una acción europea ante los problemas contemporáneos fundamentales.La complejidad,del debate explica que hayan surgido en él decantaciones desacostumbradas: el británico Hurd ironizó diciendo que el francés Dumas había discutido con el presidente de la Comisión, Delors, empleando frases "como las que suelen salir de labios ingleses". La tesis de Delors es que las nuevas competencias de la CE, como la política exterior, deben ser asumidas por las actuales instancias de decisión de la Comunidad. Esta posición fue apoyada por los países más federalistas, más dispuestos a hacer cesiones de soberanía. Francia, en cambio, por lo mismo que tiende a dar la máxima extensión al papel de Europa en la política mundial, considera que la política exterior no se puede abordar de la misma forma -decisiones por mayoría- como se hace ya con temas agrícolas o de tarifas. Así apareció una coincidencia entre Francia, deseosa de reservar a los Gobiernos las decisiones de política exterior, y los países más reticentes a aceptar una CE con poderes supranacionales reales: Reino Unido, Dinamarca e Irlanda.

El resultado del debate es que se va a preparar un texto de compromiso, incorporando la idea, en la que insistió Delors, de que la CE debe tener un mínimo de homogeneidad para ser efectiva. La verdadera dificultad estriba en que muchos países se niegan a avanzar hacia una Europa supranacional en lo político. Quizá se obtenga algún resultado empezando con de cisiones adoptadas por mayoría en temas muy con cretos de política exterior para que la práctica se generalice gradualmente.

Pero el obstáculo esencial es político, como lo pone de relieve la discrepancia sobre la idea misma de un sistenía de seguridad europeo. Francia lo desea; Italia y España están quizá dispuestas a apoyarlo; pero la mayor parte de los Gobiernos de la CE prefieren que los temas de seguridad queden dentro de la OTAN. Los países más federalistas en cuanto a los métodos de funcionamiento suelen ser los que quieren limitar al máximo sus funciones.

Otro problema, y bien decisivo, es el de la democratización de la CE, y en concreto, el papel del Parlamento de Estrasburgo, único órgano elegido por los ciudadanos de los 12 países, y que carece hoy de poderes reales. Los debates giran aquí en torno a la concesión al Parlamento de una capacidad de codecisión con el Consejo de Ministros, que es donde reside actualmente el poder legislativo. Pero son pasos completamente insuficientes. Para dotar a la CE de un nivel democrático serio haría falta que la Comisión de Bruselas fuese elegida por el Parlamento y respondiese ante él. Los Gobiernos podrían preparar su formación, pero dejando la decisión en manos del órgano elegido. Después de Dresde, caSe esperar unos compromisos que no van a acelerar el ritmo de la Europa política. Al contrario, una verdadera política exterior común no cuajará en esta etapa, y por ello puede ser útil prever una fecha, tras algunos años de experiencia, para una nueva revisión del sistema de funcionamiento que permita adoptar decisiones hoy imposibles por el desacuerdo existente.