Penuria suprema

VERLO PARA creerlo. Ésa parece haber sido la sensación experimentada por el presidente del Gobierno durante su visita a la sede del Tribunal Supremo, y que le ha inducido a mostrarse profundamente sorprendido por algo que no constituye precisamente un secreto: la precariedad de medios y la insuficiencia de instalaciones en que desarrolla sus funciones el máximo órgano jurisdiccional del país.De seguir visitando las sedes de los restantes órganos judiciales, Felipe González hubiera ido de sorpresa en sorpresa: la misma indigencia, idéntica penuria, similar escasez son perceptibles en la mayoría de los tribunales superiores de justicia, en las audiencias provinciales, en los juzgados de lo penal, de instrucción y de primera instancia, y en los de familia. La inesperada dimisión, hace apenas tres meses, del primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Andrés Márquez Aranda, tiene que ver, precisamente, con la carencia de medios del tribunal que presidía.

Pero si existe una responsabilidad de la situación en que se desenvuelve todavía la justicia en España, ésta es lógicamente de los sucesivos Gobiernos socialistas, que en nueve anos han determinado, mediante su política de prioridades presupuestarlas, que los magistrados del Supremo dispongan o no de rnayor espacio para trabajar, de órganos técnicos de apoyo sobre las difíciles materias en las que deben sentar jurisprudencia y de medios instrumentales propios de la era informática. Lo sorprendente, pues, es que el presidente se sorprenda de algo que está en las manos del Ejecutivo resolver en buena parte.

No obstante sería injusto no reconocer en los últimos años un esfuerzo económico notable en el ámbito judicial. Los 30.000 millones de 1982 se han transformado en los 120.000 del año en curso. En este intervalo se han creado varios centenares de juzgados, han aumentado sensiblemente las plazas de jueces, la informática ha hecho acto de presencia en las dependencias judiciales.

En gran medida, este empuje ha quedado reducido a una dimensión exclusivamente cuantitativa o estadística por causa de una gestión inadecuada. Los nuevos juzgados están muchas veces infradotados, los jueces -y esto se hace sentir sobre todo en las nuevas hornadas- tienen que hacer frente a complicados pleitos urbanísticos, económicos, fiscales o de familia sin el apoyo de especialistas, y la inversión en informática se reduce, con frecuencia, a llenar las caóticas oficinas judiciales de videoterminales inoperantes. Una manifestación, sin duda parcial, de esta situación es lo que ha visto con sus propios ojos el presidente del Gobierno en la sede del Supremo.